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Puesto de mando instalado cerca del volcán de San Miguel establece las rutas de evacuación
Las autoridades se mantienen en vigilancia permanente de la actividad del volcán Chaparrastique con el fin de salvaguardar a los pobladores de las zonas vulnerables. Desde el pasado domingo instaló un puesto de mando unificado, en el municipio de Quelepa, y estableció las posibles rutas de evacuación, ante una emergencia.
Luego de que vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alertaran del incremento de la actividad, los equipos de primera respuesta, integrados por tácticos operativos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, fueron desplegados cerca del volcán para auxiliar de inmediato a la población, en caso de que sea necesario evacuar.
Por instrucción del Mandatario, los equipos se mantienen en la zona, liderados por el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya; el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano; y el gobernador de San Miguel, Sinaí Hernández; estos son apoyados por personal de Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento.
Se han establecido rutas de evacuación. La primera, desde el caserío Las Placitas, cantón Conacastal, Chinameca, continuando hacia el Norte hasta el cantón San Andrés, Quelepa; la otra, desde el cantón La Morita, San Jorge, siguiendo hacia el Sur hasta Usulután.
Desde los puntos de concentración en Las Placitas y La Morita se espera mover unos 8,000 pobladores de Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente, en alerta verde, hacia 26 albergues, habilitados en la zona oriental.
“Por más violento que sea (en caso de presentarse una explosion), siempre hay un period de tiempo para poder tomar acciones”, afirmó Amaya.
En tanto, el equipo de monitoreo vulcanológico del MARN continúa recolectando muestras en campo y midiendo los gases, dióxido de azufre, haciendo recorridos por la zona en alerta. Desde el 15 de noviembre de 2022, cuando incrementó la actividad del Chaparrastique, con la expulsión de gases, ceniza, vapor de agua y fragmentos de roca, registrando 196 explosiones, con un promedio de 13 diarias.
“Hay una escala de explosividad volcánica y el volcán de San Miguel está en la intensidad 1, la más leve. Los parámetros no se han superado. Las explosiones han disminuido considerablemente en las últimas 24 horas, hemos tenido dos y en las últimas horas no se han registrado explosiones. Por el momento no se tienen indicios de una erupción mayor”, dijo el titular del MARN, Fernando López.
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Vehículo decomisado en San Salvador con droga y armas pasa al Estado
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
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Pandillero es condenado a 15 años por extorsión
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
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Penas de 25 a 45 años son impuestas a 60 terroristas
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha




