Judicial
Primos pandilleros le quitan la vida a otra prima por envidia en El Paisnal
Una pareja de primos miembros de una pandilla planificaron el asesinato de una de sus familiares a la que junto a otros compinches atacaron cuando regresaba de comprar pupusas sobre la carretera troncal del norte en el municipio de El Paisnal. El hecho provocó una división en la familia ya que una parte defiende a los delincuentes asegurando que son inocentes.
Desde la infancia Brayan Alexander Mulato y R. Marroquín eran muy unidos a tal punto que decidieron ingresar a la pandilla 18 al mismo tiempo y así ser complices en los delitos que cometían en la zona donde residían.
La complicidad de los primos llevó a Marroquín a pedirle a Mulato que le ayudara a quitarle la vida a una de sus primas con quien trabajaba vendiendo plátanos en un mercado de Apopa.
El 14 de julio de 2017, los procesados se pusieron de acuerdo para junto a otros pandilleros interceptar a Karina Isabel Melara quien caminaba por una senda hasta una pupusería en las cercanías de la carretera.
Melara cuyos pasos eran marcados por una luz tenue de las lamparas colocadas en el sector no se percató que Mulato y Marroquín la seguían. Tener familiares pandilleros le daba confianza, sin sospechar que estos mismos estaban por traicionarla.
Cuando regresaba con el alimento, Melara se percató que al fondo del camino estaba un grupo de 9 personas con una actitud sospechosa, entre ellos sus dos primos, pero no había otro camino por lo cual decidió seguir caminando.
Al tener en frente a su prima, Marroquín y otros dos sujetos se dispersaron para hacer acciones de vigilancia mientras que mulato y tres pandilleros más se quedaron con su víctima; sacaron sus armas y le apuntaron a la cabeza.
En medio de la oscuridad se escuchó una ráfaga de disparos, fueron 28 los impactos que la mujer recibió en el cuerpo y quedó tendida en la calle de tierra junto con sus compras.
Investigaciones de la Policía dieron con varios de los implicados, entre los que estaban los primos. Algo que sorprendió a toda la familia debido a que nadie detectó el problema que había entre los primos ya que su relación siempre fue cordial.
“Fue por envidia”
El padre de Marroquín y la madre de Mulato estuvieron en el juicio realizado en este caso y al escuchar el resumen de la investigación de la Fiscalía coincidieron en que sus seres queridos fueron señalados por envidia de vecinos.
Ambos familiares se sentaron las últimas sillas de la sala de audiencias. Se tomaron de las manos y comenzaron a rezar, entre susurros pedían que fueran liberados de la tribulación mientras el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dio su veredicto.
En su decisión, el juzgador alegó que no se había podido comprobar que Marroquín había participado en el hecho por lo que decidió absolverla de los cargos; su padre celebró la inocencia de su hija.
En tanto, la madre de Mulato -quien esperaba para su hijo un veredicto similar al de su sobrina- quedó en estado de shock al escuchar que el juez ordenó 25 años de prisión para el hombre por el delito de homicidio agravado.
Impactada por el número de años dejo su vista quieta sin poder creer lo que estaba pasando, volvió a ver a su hijo y sonrieron con resignación.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
