Sucesos
Padres de familia acusan a monja de maltrato infantil en colegio San Luis, de Cuscatancingo
El centro escolar católico “San Luis”, ubicado en la colonia Santa Rosa de Cuscatancingo, ha sido denunciado por los padres de familia debido a un supuesto maltrato de una monja a niños de parvularia.
Madres de familia que tienen a sus hijos estudiando en ese centro escolar manifestaron estar preocupadas por las acciones que la monja, quien tenía el cargo de directora de parvularia, ha cometido contra varios niños. Las madres sostienen que la monja, junto a dos personas más, maltrataban a los niños.
“Ellas no dejaban comer a los niños si no terminaban las cosas antes de salir a recreo y si terminaban durante el receso, tampoco los dejaban. Varias veces llevó mi hija la comida de regreso a la casa”, contó una madre a este periódico.
Tras conocer lo que dentro de la institución estaba sucediendo, un grupo de padres de familia decidieron realizar una queja formalmente ante las autoridades.
El Salvador Times corroboró esta información haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) confirmaron los datos que habían llegado al medio.
En el documento, enviado por la Dirección de Transparencia del MINED, estipula que la queja fue puesta anónimamente el pasado 15 de agosto de 2018 por una madre de familia que acusa a la monja de maltratar a los niños y a los padres, además la señala de «tener un poder de manipulación y de carecer de actitud religiosa».
En la misma información, las autoridades señalaron que los padres de familia “han enviado cartas al MINED, CONNA, Migración y Embajada de México en El Salvador”, pues la monja que está siendo señalada aparentemente es mexicana.
Las autoridades del MINED señalaron que visitarían entre el 5 y el 11 de septiembre el centro escolar para realizar una inspección y deducir responsabilidades. No obstante, hasta el cierre de esta nota se desconoce si esta se llevó a cabo o no.
“El caso se encuentra pendiente de resolución, el pasado cuatro de septiembre la Dirección Departamental de Educación comunicó que realizaran visita al centro escolar”, reza el documento.
Fuentes de cercanas al caso afirmaron que la manera en la que actuaban las monjas no era el indicado. Entre los señalamientos aseguran que lo estricto del centro escolar católico “San Luis”, lejos de ser una disciplina educativa es un atropello para los menores que están pagando mensualmente por la educación que ahí se les brinda.
Según información oficial, han sido despedidas del centro escolar la monja, quien se presume regresó a su país, la profesora de parvularia junto a su asistente y cuatro personas más, de quienes no se tiene referencia.
El Salvador Times se comunicó en reiteradas ocasiones con el centro escolar para conocer la versión de la directora sobre las quejas que se han realizado este año. Sin embargo, las llamadas no fueron atendidas porque aparentemente se encontraba ocupada o en reuniones.
Humillación a padres de familia y sus hijos
Este no es el único incidente por el cual muchas madres de familia se han mostrado molestas, ya que en varias ocasiones afirmaron que si no habían pagado la colegiatura eran expuestas en público.
“Si uno por alguna razón no ha podido pagar la colegiatura, las monjas en frente de todos nos decían que debíamos tal mes o no dejaban hacer los exámenes a los niños”, aseguró una fuente.
En ese sentido, el documento del MINED al que El Salvador Times tiene acceso también consigna una queja realizada en enero de este año contra la institución, en donde una madre denunciaba que no querían darle el certificado de su hija por no haber podido pagar la colegiatura.
En esa ocasión, el MINED se comunicó con la directora para conocer lo que estaba pasando. Al final la madre de familia pagó la deuda con la institución, según su capacidad económica, y hasta entonces le dieron los documentos de la menor.
Fuentes cercanas al caso aseguran que este centro escolar se conocen como “de ayuda del Guadalupano”, por lo cual los costos de la educación son más bajos que en ese colegio. Sin embargo, denuncian que son muchos los gastos que tienen y que deben sufragar con las colegiaturas.
Por el momento, la institución educativa tampoco quiso sentar postura sobre estos hechos.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
