Nacionales
$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
Una volqueta impactó contra una vivienda luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la zona de Ateos, con dirección hacia Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
Según información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra para evitar colisionar con un motociclista que se le cruzó en la vía. Tras perder el control, la volqueta se salió de la carretera y terminó impactando contra una vivienda.
Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de gravedad. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún están siendo verificadas.
Nacionales
Autoridades desarticulan estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Santa Ana y Sonsonate
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo coordinado que permitió la captura de ocho personas señaladas de distribuir cigarrillos que ingresaron al país de manera ilegal.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos operaban con diferentes rangos dentro de la estructura de distribución. Recibían el producto de un proveedor y posteriormente lo entregaban a compradores mayoristas, quienes se encargaban de comercializarlo hasta llegar al consumidor final.}
Las autoridades también establecieron que los cigarrillos no contaban con controles sanitarios y presentaban sustancias ajenas a su composición, lo que, según la información proporcionada, representaba un grave riesgo para la salud.
Hasta el momento, las personas capturadas son:
- Óscar Vladimir Aguilar Ávila
- Yolanda Aguilar Ávila
- Luis Bernal Custodio
- Neftaly Alfonso Roque Tepata
- Santiago Henríquez Anaya Guardado
- René Mauricio Portillo Alvarado
- María Magdalena Aguilar Aguilar Avila
- María Angela Zelaida Guardado
Todos serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes para responder por el delito de contrabando de mercadería.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó este día que se duplicarán los controles y las revisiones técnicas vehiculares al transporte de carga, luego del accidente vial provocado por una volqueta en el tramo entre el redondel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa.
Rodríguez detalló que actualmente están registradas en el país 158,402 unidades de transporte de carga, entre cabezales, remolques, camiones livianos y pesados. De este total, 6,000 corresponden a volquetas.
El funcionario explicó que a todas estas unidades se les realizarán mediciones técnicas vehiculares de manera gradual. Indicó que el proceso ya comenzó con las unidades de 1999 hacia atrás y que en los próximos días anunciarán los siguientes grupos que serán sometidos a las revisiones.
Asimismo, señaló que, además de duplicar los controles vehiculares en las carreteras para el transporte pesado, se ejecutarán esfuerzos para realizar verificaciones técnicas vehiculares al 100 % de las unidades registradas.
Como medida preventiva, todo el transporte de carga deberá realizar la revisión técnica vehicular para poder refrendar su tarjeta de circulación.
Rodríguez advirtió que las unidades que no hayan realizado las revisiones técnicas vehiculares o no hayan refrendado sus tarjetas de circulación serán inspeccionadas en los puntos donde sean ubicadas. En estos casos, indicó que se aplicarán sanciones y que incluso podría decomisarse la unidad.
Finalmente, informó que se habilitarán más talleres autorizados para realizar las verificaciones técnicas al transporte de carga.
