El apellido Salume se sigue vinculando con posibles actos de corrupción y favorecimientos para recibir sumas millonarias de fondos públicos ilegalmente. En esta ocasión se trata nuevamente de señalamientos a la empresa PULSEM propiedad de Salume, que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad, a quien las autoridades edilicias de Santa Tecla, acaban de favorecer con un nuevo contrato para el tratamiento de la basura de ese municipio, por un monto cercano a $800 mil dólares; cuando en la realidad en cumplimiento de la ley, debían sancionar a tal compañía por haber cometido fraude durante el año 2017 al haber mentido para ser adjudicada de un contrato por una suma similar de unos $850 mil dólares por prestar el servicio de disposición de la basura, que no estaba autorizado para brindar.

El abogado Edgar Lemus, especialista en derecho administrativo y ambiental, explica lo que ha ocurrido entre la empresa de Salume y la municipalidad de Santa Tecla:

“En el año 2017, la alcaldía de Santa Tecla dirigida por el partido ARENA a través de Roberto d’Aubuisson se inventa una declaratoria de emergencia para realizar una contratación directa, con el fin de saltarse los controles administrativos. Al momento de describir el servicio a contratar se establecen unos términos de referencia que claramente precisan que se trata del servicio de disposición final de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla, la cual deberá ser dispuesta en un sitio que cuente con los permisos ambientales correspondientes.

Sin embargo, la empresa PULSEM en ese momento solo tenía un permiso ambiental para disponer en el botadero situado en el Puerto de La Libertad un máximo de 42 toneladas diarias de basura aproximadamente; de manera que para sorprender a las autoridades municipales presenta un documento que no era el permiso ambiental y es así como contratan a la compañía por un monto de $ 867 mil dólares para tratar un aproximado de 160 toneladas diarias de basura. Es decir que la municipalidad le pagó esa fuerte suma de dinero por un servicio que no era capaz legal, ni técnicamente de proporcionar. En pocas palabras, además de contaminar el medio ambiente a la empresa de Salume se le pagó por esa conducta nociva.”

La auditoría la Corte de Cuentas de la República (CCR)  comprobó que fue ilegal tanto la declaratoria de urgencia, como la contratación de PULSEM, pues el contrato se suscribió el 31 de julio de 2017 y el permiso ambiental se le otorgó a la empresa de Salume, hasta el 10 de diciembre de 2018, por medio de un acto de corrupción por el que a la fecha todavía se investiga a la ex ministra de medio ambiente y prófuga de la justicia, Lina Pohl.

De acuerdo al abogado Lemus, el art. 158 de la Ley de contrataciones del Estado establece claramente que se impondrá como sanción la inhabilitación por CINCO AÑOS para contratar con la referida municipalidad y en general con todas las instituciones del Gobierno, a aquella persona natural o jurídica que invoque hechos falsos para obtener una adjudicación, lo que en el caso de la empresa de Salume está plenamente probado con solo revisar que el permiso ambiental le fue otorgado hasta un año y seis meses después de cobrar esa alta suma de dinero por el servicio de disposición final de la basura.

Manifestó finalmente que ha acudido ante el Concejo Municipal de Santa Tecla, porque confía en que atenderán a los llamados del pueblo porque cese la corrupción enquistada durante los últimos 30 años por las autoridades municipales de ARENA y FMLN y que se aplique la justicia conforme a la ley, sin excepciones. Que ya es tiempo de dejar de favorecer la impunidad y que se proteja los fondos públicos para generar obras para el pueblo y no para enriquecer ilegalmente a grandes empres.