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Empresa de salume cometió fraude en licitaciones y solicitan a alcalde y concejo municipal de Santa Tecla, cumpla con la ley
El apellido Salume se sigue vinculando con posibles actos de corrupción y favorecimientos para recibir sumas millonarias de fondos públicos ilegalmente. En esta ocasión se trata nuevamente de señalamientos a la empresa PULSEM propiedad de Salume, que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad, a quien las autoridades edilicias de Santa Tecla, acaban de favorecer con un nuevo contrato para el tratamiento de la basura de ese municipio, por un monto cercano a $800 mil dólares; cuando en la realidad en cumplimiento de la ley, debían sancionar a tal compañía por haber cometido fraude durante el año 2017 al haber mentido para ser adjudicada de un contrato por una suma similar de unos $850 mil dólares por prestar el servicio de disposición de la basura, que no estaba autorizado para brindar.
El abogado Edgar Lemus, especialista en derecho administrativo y ambiental, explica lo que ha ocurrido entre la empresa de Salume y la municipalidad de Santa Tecla:
“En el año 2017, la alcaldía de Santa Tecla dirigida por el partido ARENA a través de Roberto d’Aubuisson se inventa una declaratoria de emergencia para realizar una contratación directa, con el fin de saltarse los controles administrativos. Al momento de describir el servicio a contratar se establecen unos términos de referencia que claramente precisan que se trata del servicio de disposición final de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla, la cual deberá ser dispuesta en un sitio que cuente con los permisos ambientales correspondientes.
Sin embargo, la empresa PULSEM en ese momento solo tenía un permiso ambiental para disponer en el botadero situado en el Puerto de La Libertad un máximo de 42 toneladas diarias de basura aproximadamente; de manera que para sorprender a las autoridades municipales presenta un documento que no era el permiso ambiental y es así como contratan a la compañía por un monto de $ 867 mil dólares para tratar un aproximado de 160 toneladas diarias de basura. Es decir que la municipalidad le pagó esa fuerte suma de dinero por un servicio que no era capaz legal, ni técnicamente de proporcionar. En pocas palabras, además de contaminar el medio ambiente a la empresa de Salume se le pagó por esa conducta nociva.”
La auditoría la Corte de Cuentas de la República (CCR) comprobó que fue ilegal tanto la declaratoria de urgencia, como la contratación de PULSEM, pues el contrato se suscribió el 31 de julio de 2017 y el permiso ambiental se le otorgó a la empresa de Salume, hasta el 10 de diciembre de 2018, por medio de un acto de corrupción por el que a la fecha todavía se investiga a la ex ministra de medio ambiente y prófuga de la justicia, Lina Pohl.
De acuerdo al abogado Lemus, el art. 158 de la Ley de contrataciones del Estado establece claramente que se impondrá como sanción la inhabilitación por CINCO AÑOS para contratar con la referida municipalidad y en general con todas las instituciones del Gobierno, a aquella persona natural o jurídica que invoque hechos falsos para obtener una adjudicación, lo que en el caso de la empresa de Salume está plenamente probado con solo revisar que el permiso ambiental le fue otorgado hasta un año y seis meses después de cobrar esa alta suma de dinero por el servicio de disposición final de la basura.
Manifestó finalmente que ha acudido ante el Concejo Municipal de Santa Tecla, porque confía en que atenderán a los llamados del pueblo porque cese la corrupción enquistada durante los últimos 30 años por las autoridades municipales de ARENA y FMLN y que se aplique la justicia conforme a la ley, sin excepciones. Que ya es tiempo de dejar de favorecer la impunidad y que se proteja los fondos públicos para generar obras para el pueblo y no para enriquecer ilegalmente a grandes empres.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
