Internacionales
Doble atentado deja al menos 10 muertos y una treintena de personas lesionadas en Pakistán
Al menos 10 personas murieron y casi una treintena resultó herida después de un tiroteo en un puesto de control y un ataque suicida a un hospital de Pakistán, atentados aparentemente coordinados y reivindicados por el principal grupo talibán del país el pasado domingo.
Un atacante suicida hizo detonar una carga de explosivos dentro de un hospital de la ciudad de Dera Ismail Khan, al que habían sido trasladados los cuerpos de dos policías que habían muerto un poco antes en un punto de control tras el ataque de unos pistoleros.
«Dos personas desconocidas montadas en una bicicleta abrieron fuego contra el puesto de control de Kotla Saida en Dera Ismail Khan, matando a dos policías», dijo un portavoz de la Policía del distrito, Saleem Riaz.
Una hora más tarde, después de que una ambulancia llevara los cadáveres al hospital central del distrito y las personas y la policía comenzaron a reunirse alrededor «un atacante suicida, que aparentemente era una mujer, se inmoló justo afuera del edificio del hospital», explicó.
De acuerdo con el portavoz, en la explosión, ocho personas, incluyendo dos policías, murieron y otras 29 personas, entre ellos siete policías, resultaron heridas. «Las investigaciones preliminares indican que fueron usados aproximadamente 7 kilogramos de explosivos», subrayó Riaz.
Asimismo los investigadores hallaron cabello y parte de las extremidades del suicida, que probablemente pertenezcan a una mujer. «Realizaremos una prueba de ADN para confirmar que fue una suicida», afirmó.
El principal grupo talibán paquistaní, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó la autoría del atentado.
«La mañana de hoy, comandos de la unidad especial de TTP-STF atacaron a dos policías en un puesto de control en Dera Ismail Khan. De acuerdo con el plan, un atacante suicida Abu Ubaida estaba esperando en el hospital», detalló en un comunicado el portavoz del TTP, Muhammed Khurasani.
De acuerdo a la versión del TTP «cuando la ambulancia que llevaba los cadáveres con la policía llegó al hospital, (el suicida) cumplió su promesa con Dios y sacrificó su vida detonando una chaqueta suicida», describe el portavoz en la comunicación en la que asegura que el atacante era un hombre.
La declaración difundida por correo electrónico, precisa además que el ataque fue perpetrado en venganza por la muerte de Hafiz Zia ul Rehman, miembro del TTP, abatido por la Policía el pasado 23 de junio en Dera Ismail Khan. «Nuestras actividades de venganza continuarán y nos vengaremos por cada gota de sangre de nuestros mártires», dijo Khurasani.
Autoridades de Ciudad de México investigan el asesinato de cuatro integrantes de una familia, incluidas dos menores de edad, hallados muertos en una casa este martes en un crimen bastante inusual en la capital del país.
La ciudad acumuló 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025.
En febrero de 2026, la megaurbe anfitriona del primer partido del Mundial 2026 el 11 de junio, se ubicó en el lugar 12 entre los 32 estados del país respecto al número de asesinatos registrados.
Un hombre y una mujer, además de dos menores de edad, fueron hallados sin vida en su domicilio con lesiones producidas por un objeto punzocortante, informó la fiscalía local en Facebook.
El hallazgo ocurrió en un barrio residencial de la demarcación Azcapotzalco, en el norte de la urbe, y según medios locales las menores fallecidas tenían 16 y 12 años.
Policías capitalinos analizan los videos captados por cámaras de vigilancia en la zona para determinar cómo ocurrió el ataque, cuyo móvil aún se desconoce, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad local.
Varias regiones de México son escenario frecuente de homicidios múltiples debido a la ola de violencia ligada al narcotráfico que azota al país desde hace dos décadas, pero este tipo de hechos delictivos son poco frecuentes en Ciudad de México.
El gobierno capitalino asegura que los homicidios se han reducido en los años recientes.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
