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62 miembros de pandillas son enviados a prisión por homicidio y extorsión, en San Miguel

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Instrucción formal con detención provisional se les decretó ayer en la tarde a 62 miembros de pandillas que según las investigaciones forman parte de una estructura terrorista conformada por seis clicas que delinquían en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.

Las fiscales del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel explicaron que la resolución fue emitida después de la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.

Los incriminados, que fueron capturados la semana pasada con órdenes giradas por la Fiscalía General, responderán por nueve homicidios agravados, entre ellos el de un soldado, dos homicidios agravados tentados, 16 casos de extorsión agravada, y seis proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. También se les imputan 11 casos de tráfico ilícito de droga y organizaciones terroristas.

A otros tres incriminados se les sustituyó la detención por otras medidas.

Entre los procesados hay 29 mareros que tienen calidad de reos ausentes, para quienes posteriormente se celebrará una audiencia para resolver su situación jurídica.

Por los homicidios que tendrán que responder está el cometido en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya y el de Juan Francisco Romero Reyes, atacados con disparos de arma de fuego el 2 de febrero de 2020, en el cantón La Joya del municipio de Yamabal.

El militar estaba de alta en el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera.

Tampoco quedará impune el asesinato de Jesús Jiobani Amaya y otra víctima que sobrevivió y por el que serán procesados por homicidio agravado tentado; este caso se registró el 20 de mayo de 2020, en el cantón Volcán de Delicias de Concepción, del municipio de Morazán.

Las víctimas de extorsión de estos grupos criminales suman 16 de diferentes sectores, quienes han sido chantajeadas con cantidades semanales y mensuales que oscilan entre los $2,500.00, $800.00 y $50.00, efectuadas entre los años 2015 y 2020.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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