Nueve miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) integrará la comitiva del sector laboral que participará el 1 de junio en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde junto a las representaciones del sector empleador y el Gobierno buscarán la salida de El Salvador de la lista corta.

Durante una conferencia, la USS reiteró su posición para lograr el hito de sacar al país de este listado en el que ha permanecido en los últimos 15 años.

«Lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT representa un hecho importante para el desarrollo del país, y un reconocimiento a los esfuerzos realizados en materia sindical, y derechos laborales», dijo el representante de la USS, Adolfo Sánchez.

«Este posible logro es resultado del trabajo internacional técnico y estratégico impulsado por la USS mediante un proceso permanente de diálogo social, incidencia, y cabildeo nacional e internacional ante centrales sindicales, y organismos multilaterales vinculados al sistema normativo de la OIT», añadió.

En este sentido, Sánchez también reconoció el papel fundamental desempeñado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conseguir la coordinación tripartita que pone al país en la brecha final para salir del listado de países que no cumplen con los derechos laborales.

«La actuación intersectorial del ministro Rolando Castro ha estado orientada al fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador en materia laboral ante la comunidad internacional, promoviendo espacios de diálogo tripartito, concertación, y cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OIT», subrayó.

Asimismo, sostuvo que este avance deberá traducirse en el país en mayores oportunidades para la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de los derechos laborales en todos los sectores productivos.

«La posible salida de esta lista fortalece la confianza internacional en El Salvador y abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo formal, y mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población salvadoreña»

También mencionó que, durante la conferencia, el sector trabajador salvadoreño también participará en espacios sobre libertad sindical, cumplimiento de convenios internacionales, diálogo social, y derechos laborales

«Nuestra participación en la Misión Ginebra 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos internacionales del movimiento sindical salvadoreño y posicionar a la clase trabajadora salvadoreña ante la comunidad internacional».

En diversas oportunidades, el titular del ministro de Trabajo, ha reiterado que el país cuenta con argumentos sólidos para conseguir el objetivo de ser excluidos del mencionado listado.

«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta de la OIT. Nuestros argumentos están muy sólidos y ya estamos a pocos días del evento central y la toma de decisión final. Será inédito para nuestra nación», declaró recientemente.

Castro ha explicado que de los 197 países del mundo,187 forman parte de la OIT a los cuales se les envía la lista corta, pero que esta también es enviada a los países no miembros, informando de vulneración laboral.

«Es un lunar o mancha de la imagen del país, así hemos estado por décadas en nuestro El Salvador, ante la mirada del mundo. Tendremos la oportunidad de convertir a nuestra nación en un ejemplo de desarrollo y avances ante la inversión internacional y la opción de relaciones laborales modernas y justas para todos», ha reiterado el titular.

El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.

Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.

Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.

El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.

También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.

De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.

También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.

El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.

El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».

El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.

En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.

El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, recibió al asesor del ministro y director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, con quien abordó diferentes temas, entre estos, la transformación del país.

También participaron en el encuentro el embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketosh, y el embajador de El Salvador en Japón, Diego Dalton.

De acuerdo con la vicepresidencia, Ulloa expuso el momento histórico que atraviesa El Salvador, señalando que, tras consolidar avances significativos en materia de seguridad, el país se encuentra en una nueva etapa orientada a alcanzar el milagro económico, mediante la modernización del Estado.

Asimismo, abordó el aprovechamiento del potencial energético nacional, particularmente en energías renovables y geotermia, como parte de una visión orientada a la atracción de inversión.

Por su parte, el asesor japonés expresó la disposición de su país de continuar trabajando junto a El Salvador, destacando la importancia de acompañar los procesos de desarrollo de los países aliados bajo una visión de respeto mutuo y crecimiento compartido.

Además, compartió la perspectiva japonesa sobre la relevancia del Pacífico como un eje estratégico para el crecimiento económico global.

Por su parte, cancillería salvadoreña informó que «avanzar en la agenda bilateral y consolidar los fuertes e históricos lazos de amistad fue el propósito de la II Reunión de Consultas Políticas», la cual fue presidida por la vicecanciller Adriana Mira y el sesor Motoyuki Ishize.