Nacionales
$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche del domingo la captura de dos mujeres que protagonizaron una pelea en la vía pública durante un baile realizado en el barrio El Calvario, en Chilanga, Morazán Sur.
Las detenidas fueron identificadas como Daniela Alexandra Pérez Ventura, de 23 años, y Gloria Elizabeth Márquez, de 39 años.
De acuerdo con la PNC, ambas mujeres fueron detenidas de inmediato por agentes que brindaban seguridad en el evento.
«Los actos de violencia no están permitidos en El Salvador. Pensalo bien», publicó la institución en su cuenta de X.
La corporación policial informó que la pelea quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. Ambas mujeres serán remitidas por el delito de desórdenes públicos.
ENTREGA ESPECIAL
Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre: ¿rivales reales o candidaturas testimoniales para las elecciones de 2027?
La confirmación de Mayteé Iraheta, por ARENA, y del médico Rafael Aguirre, por el FMLN, devuelve al escenario presidencial a los dos partidos que gobernaron El Salvador durante tres décadas. Sin embargo, ambos ingresan a una competencia profundamente desigual: Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, respaldado por Nuevas Ideas, después de que la Asamblea reformara la Constitución para permitir la reelección indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años, adelantar los comicios a febrero de 2027 y eliminar la segunda vuelta.
La oposición no solo enfrenta al presidente más popular del país, sino también un sistema electoral en el que la dispersión del voto puede favorecer todavía más al oficialismo
Mayteé Iraheta llega como la apuesta de renovación de una derecha tradicional que todavía intenta recuperarse de su desplome. Es abogada y comunicadora, fue diputada por Sonsonate entre 2015 y 2021 y se convierte en la primera mujer que encabeza una fórmula presidencial de ARENA, acompañada por Verónica Henríquez.
Su primer movimiento político fue reconocer que la seguridad ha mejorado y prometer que conservaría esos avances, una decisión estratégica: intentar competir sin cuestionar el logro que más valora la población de su principal contendiente.
Su fórmula ofrece una renovación generacional y de género, pero continúa dependiendo de una bandera partidaria que muchos votantes relacionan con la antigua clase política.
Iraheta tampoco llega sin antecedentes polémicos. En 2018, el Tribunal Supremo Electoral la sancionó por realizar campaña adelantada debido a una valla instalada antes del periodo legal de propaganda.
Aunque se trata de un episodio ocurrido hace varios años y no de un proceso penal, puede ser utilizado por sus adversarios para cuestionar su discurso de respeto institucional.
Su presentación presidencial también dejó una señal incómoda: el partido no permitió que los periodistas la entrevistaran y la jornada estuvo marcada por reclamos internos sobre el manejo anticipado de las candidaturas. No son hechos que destruyan una campaña, pero sí contradicen el mensaje de apertura que ARENA necesita proyectar para recuperar credibilidad.
El mayor problema de Iraheta no es su perfil personal, sino ARENA. El partido que gobernó entre 1989 y 2009 conserva únicamente dos diputados y obtuvo apenas el 5.57 % de los votos presidenciales en 2024.
Dentro de la organización tampoco ha existido una estrategia completamente compartida: el diputado Francisco Lira llegó a pedir que ARENA no presentara candidato presidencial para no legitimar la reelección de Bukele, mientras el COENA respondió que el partido sí competiría.
En junio de 2026, antes de conocerse la fórmula, una encuesta de la UCA otorgó a ARENA solo el 1.4 % de los votos en intención presidencial. Ese dato puede cambiar con una candidata definida, pero revela el reducido punto de partida de la campaña.
La carta efemelenista
Rafael Aguirre llega desde una trayectoria distinta. Es médico internista con formación en nefrología, tiene más de dos décadas de trabajo en el Seguro Social y desde 2020 encabeza el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS.
Su figura ganó exposición al denunciar falta de medicamentos, despidos de personal y deficiencias en el sistema de salud.
En 2026 enfrentó un proceso administrativo de destitución después de divulgar información sobre el desabastecimiento; Aguirre lo calificó como persecución política, mientras organizaciones médicas defendieron su actuación. Esa confrontación le permite presentarse como un profesional ajeno a la política tradicional y como una voz crítica que habría sufrido consecuencias por denunciar problemas públicos.
Pero esa misma trayectoria abre preguntas. SIMETRISSS tuvo que aclarar públicamente que la candidatura de Aguirre era una decisión personal y que no representaba al sindicato, una separación necesaria para evitar que una organización gremial fuera interpretada como plataforma partidaria. También hubo desacuerdos iniciales sobre la vicepresidencia: movimientos que apoyaban al médico propusieron al ingeniero Efraín Benítez, pero sectores cercanos al FMLN cuestionaron la falta de consenso; finalmente, la fórmula fue completada por la enfermera Madaí Santos. Más que una gran polémica personal, el episodio mostró la dificultad de coordinar a movimientos sociales, sindicatos y estructuras partidarias bajo una sola conducción.
El obstáculo de Aguirre también se llama FMLN. El partido que gobernó de 2009 a 2019 quedó sin diputados y sin alcaldías tras las elecciones de 2024, cuando obtuvo apenas 6.4 % en la contienda presidencial. Su deterioro no se explica únicamente por el ascenso de Bukele: también carga con el desgaste de sus gobiernos, acusaciones de corrupción contra antiguos funcionarios, distanciamiento de sectores populares y una estructura que durante años fue percibida como cerrada. La candidatura externa de Aguirre busca “ciudadanizar” al partido, pero plantea una contradicción: para atraer nuevos votantes necesita diferenciarse del FMLN, aunque depende completamente de sus símbolos, organización territorial y antecedentes.
La realidad electoral coloca a ambos muy lejos de Bukele. La encuesta del IUDOP-UCA publicada en junio le otorgó al presidente una aprobación del 87.8 % y una calificación de 8.24. El 77.4 % señaló la seguridad como lo mejor que ocurre en el país y el 96.6 % consideró que la delincuencia ha disminuido durante la actual administración. En intención de voto presidencial por partido, Nuevas Ideas registró 63.3 %, frente a 1.4 % de ARENA y 0.9 % del FMLN. La medición se realizó antes de que Iraheta y Aguirre fueran ratificados, por lo que no constituye una encuesta directa entre candidatos; aun así, muestra la distancia estructural que deberán reducir en aproximadamente siete meses.
Existe, sin embargo, un terreno donde la oposición podría crecer: la economía. El 37.3 % identifica la situación económica como el principal problema nacional, seguido por el alto costo de la vida y el desempleo. Además, solo el 4 % considera que debería gobernar alguno de los partidos opositores existentes, mientras un 22.7 % preferiría una nueva organización política. Este último dato es decisivo: existe un sector dispuesto a considerar una alternativa, pero no necesariamente bajo las siglas de ARENA o del FMLN. Iraheta deberá demostrar que no representa una restauración del antiguo poder económico; Aguirre tendrá que transformar su credibilidad médica y sindical en una propuesta nacional que vaya más allá de la salud.
A día de hoy, ninguna de las dos candidaturas posee posibilidades altas de derrotar a Bukele. Esa conclusión no responde únicamente a la popularidad presidencial, sino a la debilidad organizativa de sus partidos, la ausencia de una candidatura unificada, el descrédito acumulado y la eliminación de la segunda vuelta. Su objetivo más realista podría ser reconstruir bases territoriales, recuperar diputados y demostrar que ARENA y FMLN todavía pueden representar a sectores inconformes. Para convertir la elección en una competencia verdadera necesitarían un deterioro económico acelerado, una campaña extraordinaria, errores graves del oficialismo y capacidad para tv conquistar al electorado sin partido. Por ahora, Iraheta y Aguirre son rivales inscritos; todavía no son amenazas electorales reales para Bukele.
