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Alcaldesa de Santa Isabel Ishuatán autoriza fiesta bailable para celebrar el Día de la Amistad
Con el aval de la alcaldesa del partido ARENA, Flor Najarro, de Santa Isabel Ishuatán y quien no tomó en cuenta los peligros por la pandemia de coronavirus, un club deportivo de esa localidad celebrará el 14 de febrero una fiesta bailable con motivo del Día de la Amistad.
La “Happy valentines day Night Party” se va celebrar a partir de las 9:00 de la noche con un costo de $5.00 por persona y se va a llevar a cabo en la calle principal del referido municipio del departamento de Sonsonate.
En los afiches de invitación no se hace el llamado a los asistentes a guardar las medidas de bioseguridad y mucho menos el distanciamiento social, que difícilmente será respetado por ser amenizada por una discoteca.
La celebración que se desarrolla en el marco de la fiesta del Santo Niño de Atocha, tiene como objetivo principal recaudar fondos para el club deportivo Ishuatán, sin importar que el país se encuentra en estado de emergencia por la pandemia de Covid-19 y que hasta la madrugada de este lunes 8 de febrero el portal del Ministerio de Salud reportaba a nivel nacional 56,653 casos, de los cuáles 50,999 personas ya lograron vencer el virus.
De igual forma 3,962 casos siguen activos y lamentablemente 1,692 personas perdieron la vida por esta enfermedad.
La misma página da a conocer que en Santa Isabel Ishuatán, Salud reporta que 31 personas han resultado positivas a Covid-19. En todo el departamento se reportan 2,275 casos de coronavirus.
Algunos de los lugareños piden la intervención del Ministerio de Salud a fin de prohibir este tipo de eventos que ponen en riesgo la salud de la población en general.
Por otra parte, se aseguró que Flor Najarro que busca un nuevo periodo a dicha comuna, también organiza eventos deportivos, fiestas para niños y otras actividades que sin ningún control conllevan aglomeraciones de personas.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
