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Medios de información divulgan datos de empresas y las ponen a merced del crimen organizado
Abogados y empresarios que por seguridad pidieron mantener su nombre en reserva, están preocupados por la información que muchas veces se hace pública en los medios de comunicación de empresas privadas que estarían poniéndolos en la mira de estafadores, secuestradores, extorsionistas y sicarios.
Como caso concreto señalan una publicación difundida este lunes en el matutino, “LA PRENSA GRÁFICA” en la que atacan al gobierno del Presidente Nayib Bukele, y se llevan de encuentro a una compañía constructora, poniendo en grave riesgo a los empresarios, ejecutivos y trabajadores, al divulgar información financiera de carácter estrictamente privado tales como los balances de los últimos años, los estados de resultados y las declaraciones de impuestos sobre la renta.
El artículo revela además, el capital con el que se fundó, las ganancias nombres de fundadores, directivos y otros detalles internos de la empresa.
Esta es una información de carácter muy privado y el hecho de que se divulgue con bombos y platillos en los medios de comunicación, se convierte en una oportunidad para los grupos crimínales que están al acecho de empresas grandes y pequeñas en este país”, nos dijo un especialista en temas de seguridad.
Ricardo Sosa, un experto en criminología, dice por ejemplo que si a esta empresa el año pasado la estaban extorsionando con determinada suma de dinero, ahora que se publica que es una empresa exitosa y que los dividendos y las ganancias son mayores, obviamente el riesgo que se corre es que los extorsionistas, aumenten la cuota para dejarlos trabajar.
Y es que los expertos en seguridad sostienen, que las pandillas por ejemplo cada vez están aumentando más la mal llamada renta y que las empresas grandes o pequeñas, se ven obligadas a ceder ante las presiones ya que de lo contrario les matan a sus empleados o simplemente no los dejan trabajar.
Ahora con esta noticia, a los ejecutivos de esta empresa los ponen en la mira de bandas de secuestradores internacionales que podrían atentar en contra de ellos o de su familia.
El problema con “LA PRENSA GRÁFICA”, es que tienen una agenda en contra del gobierno y no les importa llevarse de encuentro a quien sea.
Ellos lo que buscan es desprestigiar todas las acciones del gobierno para desgastarlo a como dé lugar; nos comentó un comunicador ligado al gobierno.
“Que tiene de malo que una empresa pueda ganar varios millones de dólares si sus líderes son ordenados y exitosos”. ¿Cuál es el pecado si una empresa crece y ofrece más empleo y dinamiza la economía?
En las redes sociales circulan comentarios criticando la publicación de este periódico, ya que de forma maliciosa y mal intencionada están ligando a la empresa con una historia creada y que se conoció como el cartel de texis una estructura criminal que jamás existió, y todas las personas que fueron acusadas a causa del montaje ya fueron liberadas por los jueces por no encontrar prueba alguna.
“Parece que es un encargo especial de alguien poderoso que quiere desprestigiar a una familia y a un gobierno”, nos dijo un abogado.
Los ataques a la empresa Global Developers, se han acentuado luego que el Presidente de la República, Nayib Bukele, negociará con ellos la compra de 200 viviendas que fueron entregadas a familias afectadas por las tormentas del pasado invierno.
Ahora resulta que solo por negociar con el gobierno se vuelven objeto de ataque de parte de los detractores del gobierno, lo cual es reprochable, ya que lo único que han hecho es ayudar a estas familias que lo perdieron todo.
“No puede ser que se ataque al presidente Bukele, si lo que hizo fue una obra de amor al prójimo”, dijo un trabajador de la construcción que habló a título personal.
Se buscó la versión de la empresa sin embargo dijeron que por ahora no tienen ninguna posición al respecto.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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