Nacionales
Medios de información divulgan datos de empresas y las ponen a merced del crimen organizado
Abogados y empresarios que por seguridad pidieron mantener su nombre en reserva, están preocupados por la información que muchas veces se hace pública en los medios de comunicación de empresas privadas que estarían poniéndolos en la mira de estafadores, secuestradores, extorsionistas y sicarios.
Como caso concreto señalan una publicación difundida este lunes en el matutino, “LA PRENSA GRÁFICA” en la que atacan al gobierno del Presidente Nayib Bukele, y se llevan de encuentro a una compañía constructora, poniendo en grave riesgo a los empresarios, ejecutivos y trabajadores, al divulgar información financiera de carácter estrictamente privado tales como los balances de los últimos años, los estados de resultados y las declaraciones de impuestos sobre la renta.
El artículo revela además, el capital con el que se fundó, las ganancias nombres de fundadores, directivos y otros detalles internos de la empresa.
Esta es una información de carácter muy privado y el hecho de que se divulgue con bombos y platillos en los medios de comunicación, se convierte en una oportunidad para los grupos crimínales que están al acecho de empresas grandes y pequeñas en este país”, nos dijo un especialista en temas de seguridad.
Ricardo Sosa, un experto en criminología, dice por ejemplo que si a esta empresa el año pasado la estaban extorsionando con determinada suma de dinero, ahora que se publica que es una empresa exitosa y que los dividendos y las ganancias son mayores, obviamente el riesgo que se corre es que los extorsionistas, aumenten la cuota para dejarlos trabajar.
Y es que los expertos en seguridad sostienen, que las pandillas por ejemplo cada vez están aumentando más la mal llamada renta y que las empresas grandes o pequeñas, se ven obligadas a ceder ante las presiones ya que de lo contrario les matan a sus empleados o simplemente no los dejan trabajar.
Ahora con esta noticia, a los ejecutivos de esta empresa los ponen en la mira de bandas de secuestradores internacionales que podrían atentar en contra de ellos o de su familia.
El problema con “LA PRENSA GRÁFICA”, es que tienen una agenda en contra del gobierno y no les importa llevarse de encuentro a quien sea.
Ellos lo que buscan es desprestigiar todas las acciones del gobierno para desgastarlo a como dé lugar; nos comentó un comunicador ligado al gobierno.
“Que tiene de malo que una empresa pueda ganar varios millones de dólares si sus líderes son ordenados y exitosos”. ¿Cuál es el pecado si una empresa crece y ofrece más empleo y dinamiza la economía?
En las redes sociales circulan comentarios criticando la publicación de este periódico, ya que de forma maliciosa y mal intencionada están ligando a la empresa con una historia creada y que se conoció como el cartel de texis una estructura criminal que jamás existió, y todas las personas que fueron acusadas a causa del montaje ya fueron liberadas por los jueces por no encontrar prueba alguna.
“Parece que es un encargo especial de alguien poderoso que quiere desprestigiar a una familia y a un gobierno”, nos dijo un abogado.
Los ataques a la empresa Global Developers, se han acentuado luego que el Presidente de la República, Nayib Bukele, negociará con ellos la compra de 200 viviendas que fueron entregadas a familias afectadas por las tormentas del pasado invierno.
Ahora resulta que solo por negociar con el gobierno se vuelven objeto de ataque de parte de los detractores del gobierno, lo cual es reprochable, ya que lo único que han hecho es ayudar a estas familias que lo perdieron todo.
“No puede ser que se ataque al presidente Bukele, si lo que hizo fue una obra de amor al prójimo”, dijo un trabajador de la construcción que habló a título personal.
Se buscó la versión de la empresa sin embargo dijeron que por ahora no tienen ninguna posición al respecto.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
