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Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja ubicado en Orange, en el sureste de Francia, donde los restos se encontraban dentro de cajas, informaron este martes diversas fuentes.
La fiscalía local indicó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo realizado la noche del lunes en un apartamento situado en el centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la institución, la mujer, de 32 años, dio a luz en su vivienda el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada a un hospital.
El descubrimiento de los restos ocurrió luego de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, según explicó la fiscalía.
Durante la inspección, el hombre encontró lo que parecían ser restos humanos y notificó al hospital, que posteriormente alertó a la fiscalía.
Un médico forense señaló que los restos probablemente pertenecen a cinco recién nacidos.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la tragedia. Los investigadores aún no han podido entrevistar a la madre, quien permanece hospitalizada tras el parto.
La fiscalía informó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Un vecino identificado como Florent Jean declaró a AFP que ambos niños asistían a una escuela primaria de la localidad y que la madre solía recogerlos al mediodía para almorzar, mientras su pareja permanecía fuera de casa por motivos laborales durante gran parte del día.
El martes, varias bicicletas permanecían apoyadas frente al apartamento de la familia, ubicado en la segunda planta del edificio, mientras la puerta se encontraba precintada con cinta roja.
Las autoridades señalaron que los casos de homicidios de bebés al nacer no son poco frecuentes y que, en ocasiones, están relacionados con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, ocultándolo a su entorno.
Como antecedente, el texto recuerda que en febrero una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en un congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.
Asimismo, menciona que el caso más grave de infanticidio registrado en Francia fue el de Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos, luego de que un jurado reconociera una alteración de su discernimiento.
Autoridades mexicanas detuvieron el pasado lunes a la viuda del alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, asesinado la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informaron la fiscalía y medios de comunicación.
Valentín Lavín, alcalde de Temoac, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. De acuerdo con la prensa mexicana, tenía alrededor de 40 años.
El crimen ocurrió en una zona donde operan distintos cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía de Morelos informó sobre la captura de Marisol “N”, identificada por medios mexicanos como la viuda del alcalde. En el mismo operativo también fue detenido Geovany Emmanuel “N”, quien dirigía la Policía del municipio.
La dependencia señaló que ambos fueron arrestados como parte de una estrategia contra la extorsión, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de su detención ni sobre una posible relación con el homicidio de Valentín Lavín.
Según el contexto presentado, México registra cerca de un centenar de asesinatos de alcaldes desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.
Uno de los casos más recientes ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, una región reconocida por la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.
El rapero estadounidense D4vd irá a juicio acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, luego de que la jueza Charlaine Olmedo determinara, al concluir una audiencia de cinco días realizada el pasado lunes en Los Ángeles, que existe evidencia suficiente para que el caso avance a esa etapa.
El cantante, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, está acusado de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una adolescente estadounidense con quien, según la fiscalía, habría mantenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él 18.
De acuerdo con los mensajes presentados por la fiscalía durante la audiencia, la menor amenazó con “acabar” la carrera del cantante aproximadamente 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum.
“Te voy a estrangular (…) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo”, escribió Rivas en uno de los mensajes citados durante la audiencia.
Según el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, Burke solicitó un servicio de Uber para trasladar a la adolescente hasta su vivienda con el propósito de “deshacerse” de ella.
La acusación sostiene además que el cantante intentó borrar sus huellas al ordenar motosierras por Amazon, una piscina inflable para presuntamente desmembrar el cuerpo y un incinerador de jardín que, según la fiscalía, era demasiado pequeño para incinerarlo.
El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista.
Burke se declaró no culpable de los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.
Durante la audiencia también se conoció que la familia de la adolescente estaba al tanto de la relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajara con él a Londres en septiembre de 2024.
Asimismo, los mensajes de texto presentados por la fiscalía indican que la joven estuvo embarazada y posteriormente se practicó un aborto. También mantuvo comunicación con Burke durante varios meses después de su separación, ocurrida en noviembre de 2024.
Blair Berk, uno de los abogados del cantante, afirmó que en un caso sin testigos ni arma homicida “no hay evidencia de una intención deliberada de matar”.
Por su parte, la fiscal Beth Silverman respondió: “No hay nada en este caso que suene como un accidente”, y acusó a la defensa de intentar “ensuciar a la víctima”.
La próxima audiencia para definir la fecha del juicio fue programada para el 31 de agosto.
