Internacionales
Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
Autoridades de Estados Unidos informaron sobre el hallazgo de un túnel que conectaba la ciudad mexicana de Tijuana con un local comercial ubicado en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en San Diego, California, y que presuntamente era utilizado para el tráfico de drogas.
Según las autoridades, el paso subterráneo se extendía a lo largo de 590 metros, se encontraba a una profundidad de 16,8 metros y tenía una altura de hasta 1,4 metros. La estructura contaba con paredes reforzadas, sistemas de vías, ventilación y suministro eléctrico, además de un montacargas eléctrico que facilitaba el acceso.
La investigación fue desarrollada por agentes de Seguridad Nacional, quienes durante varios meses realizaron labores de vigilancia sobre personas vinculadas a la tienda Buy 4 Less, situada en el lado estadounidense de la frontera.
Durante un allanamiento al establecimiento, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que, según la investigación, había sido transportada a través del túnel. Las autoridades estiman que por esta vía se movilizó cocaína valorada en aproximadamente 45 millones de dólares.
Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, señaló que las organizaciones criminales continúan buscando formas de explotar la frontera entre ambos países.
Como resultado de la investigación, cuatro personas fueron acusadas por su presunta relación con el tráfico de drogas. Entre ellas se encuentran dos residentes de San Diego y dos ciudadanos mexicanos.
El gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país antes de que finalice el año, en una fecha que aún deberá ser definida junto con El Vaticano.
La visita del pontífice, quien posee nacionalidad peruana y desarrolló labores como misionero y obispo de Chiclayo durante más de dos décadas, formará parte de una gira por Sudamérica que también incluirá otros dos países de la región.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, informó que la fecha exacta todavía no ha sido establecida, aunque señaló que el viaje podría realizarse en noviembre. Asimismo, indicó que se espera que la visita tenga una duración de al menos tres días.
Según el canciller, el papa tiene interés en visitar Chiclayo, Lima y una tercera ciudad que podría estar ubicada en la Amazonia peruana.
El próximo 18 de junio, León XIV recibirá en El Vaticano al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar. De acuerdo con la cancillería peruana, la fecha oficial de la visita se conocerá después de ese encuentro.
León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. De acuerdo con autoridades políticas y religiosas, Argentina y Uruguay serían los otros países incluidos en la gira sudamericana.
En febrero, la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que la visita del pontífice estaba “asegurada en un 80%” y estimó que podría realizarse en noviembre o durante la primera semana de diciembre.
Perú cuenta con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes y es considerado uno de los países más católicos de la región. Anteriormente fue visitado por los papas Juan Pablo II, en 1985 y 1987, y Francisco, en 2018.
Internacionales
Manifestantes derriban e incendian figuras de exposición mundialista en Ciudad de México
Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron ayer martes una protesta en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, donde derribaron e incendiaron elementos de una exposición alusiva al Mundial de fútbol que se celebrará en nueve días.
La manifestación fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación como parte de sus acciones para exigir mejoras salariales y la derogación de una ley de pensiones. La CNTE ha advertido sobre la posibilidad de realizar movilizaciones masivas durante la inauguración del torneo.
Las estructuras afectadas eran estatuas de aproximadamente cinco metros de altura que representaban a futbolistas de los países participantes y formaban parte de una exhibición instalada en una de las principales avenidas de la capital mexicana. Los manifestantes utilizaron cuerdas para derribarlas, retiraron sus uniformes y posteriormente los incendiaron.
Durante la protesta, los maestros realizaron pintas sobre algunas de las figuras con mensajes relacionados con sus demandas. Entre las estatuas derribadas se encontraban las que representaban a Bélgica, Francia y España, mientras que una figura con el uniforme de México permaneció en pie.
La jornada se produjo un día después de que una marcha de la CNTE fuera dispersada con gases lacrimógenos cerca del Zócalo, donde se prevé la instalación de un espacio para aficionados del Mundial. Hasta el martes, la policía mantenía bloqueados los accesos a la plaza mediante barreras metálicas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Por su parte, el gobierno exhortó a los manifestantes a retomar el diálogo.
Los manifestantes también bloquearon carriles del Paseo de la Reforma, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la capital mexicana. Según lo observado en el lugar, la policía no había intervenido para contener las acciones de los manifestantes.
