Internacionales
Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió el lunes en la más mortífera registrada en la historia del país, luego de superar en solo tres meses las 2,300 muertes contabilizadas durante el brote de 2018-2020.
La epidemia «es la de más rápida propagación jamás registrada» y «mata a una persona cada 30 minutos», alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
Por el momento, no existe vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo, identificada como responsable de esta epidemia.
El brote se originó en Ituri, en el noreste de la RDC, y corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la historia del país. Actualmente, se extiende con fuerza por provincias del este y noreste, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.
Pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento
En Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia, el hermano de Flavier Ngurima murió poco antes de llegar a un centro de tratamiento (CTE).
«Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente», relató Ngurima.
La situación no sería aislada. En el territorio de Djugu, también en Ituri, parte de la población considera que los síntomas corresponden a «un envenenamiento u otras afecciones», explicó Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.
Según Lotsima, las familias llevan a los enfermos al hospital «en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora», y en algunos casos los pacientes «mueren por el camino».
Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, aseguró que «más del 70% de las personas fallecen en la comunidad» en lugar de hacerlo en los centros de tratamiento.
Hasta el momento, el brote registra 2,325 fallecidos y 4,945 casos confirmados, superando las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de la RDC, que dejó 2,299 muertos y 3,381 casos confirmados.
Además, los primeros tres meses de esta epidemia registraron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los primeros tres meses de la peor epidemia de ébola de la historia, que afectó a África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).
En Bunia, capital de Ituri, se ha registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo. Sin embargo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, pese a la gravedad de la situación.
Un corresponsal de la AFP también observó que las personas continúan aglomerándose en los mercados y prestan poca atención a las medidas de protección.
«La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente», afirmó Janabi.
Situación en Uganda
Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados, incluidas dos muertes. Sin embargo, a mediados de julio anunció que ya no tenía casos activos del virus.
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en un plazo de tres meses.
Internacionales
Colombia avanza en la remoción de escombros tras terremoto que deja cerca de 300 muertos
Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, mientras las probabilidades de rescatar sobrevivientes son cada vez menores.
El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones se escucha en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que, el lunes pasado, derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.
Los momentos de silencio que acompañaron las extensas jornadas de búsqueda y rescate comienzan a quedar atrás tras el terremoto más letal registrado en Colombia en este siglo, que deja cerca de 300 muertos.
El terremoto ocurrió horas después de la asunción del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado solicitó a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a Colombia.
El oeste del país y la región cafetera fueron las zonas más golpeadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen debido al paso de los días.
Voluntarios no renuncian
En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una «V» roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.
Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar las labores.
«A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida», aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate denominado «Valentía».
Hasta el momento se registra al menos un centenar de personas desaparecidas a causa del terremoto, aunque se considera que después de 72 horas las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.
Más maquinaria
En Cali, una mujer continúa recorriendo los alrededores de su casa en busca de su perro Lucky, en la ciudad que registra la mayor cantidad de fallecidos, con 111.
Algunos vecinos aseguraron haber escuchado los gemidos del animal entre los escombros, por lo que los equipos de rescate continúan buscándolo con micrófonos especiales bajo los restos del edificio.
«Ya no quedaban personas vivas, pero vecinos del sector dijeron que habían escuchado a Lucky llorar en la noche y convocamos a los voluntarios para que vinieran», relató Cristian Moreno, un bombero de 32 años.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia tendrá un costo de al menos 3,200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y de organismos como el Banco Mundial.
En las ciudades más afectadas por el sismo, numerosos edificios fueron marcados con una «X» roja para advertir sobre el riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.
En Pereira, una de las zonas afectadas casi en su totalidad por el terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitó el sábado a empresarios poner a disposición maquinaria para la remoción de escombros, aunque advirtió que todavía hay personas bajo las ruinas.
