Judicial
Revelan más irregularidades financieras de la administración de Mauricio Funes
En su gestión presidencial, Mauricio Funes maquilló la sustracción de millones de dólares con publicidad en medios de comunicación tradicionales, se hizo contar que a corporaciones de televisión y periódicos de circulación nacional se les pagó hasta $1.1 millones por servicios prestados, pero al momento de buscar documentación no hay evidencia que lo respalde.
Esa información fue expuesta un perito que efectuó la auditoría sobre el uso de los gastos reservados entre el 2009 y 2014, período en el cual Funes estuvo como mandatario.
El experto también mencionó que se pagó $3,178,550.08 a 12 proveedores de productos alimenticios y empresas de promoción y organización de eventos, pero la clave de ese punto de pericia radica en que todos esos eventos pagados con fondos públicos no eran de carácter institucional, sino de tipo personal y familiar.
Según el experto hubo pagos por publicidad a medios de comunicación, pero no se halló documentación que lo acredite, no localizaron por ejemplo los cheques de gerencia.
A un canal de televisión local se hizo ver que se le pagó $886,000, pero cuando a través de un juzgado se le pide al medio de comunicación la documentación del servicio prestado solo entregó facturas que no concuerdan con el monto reportado, no se identificó el origen de los fondos, ni los cheques de gerencia.
Los periódicos solo proporcionaron las órdenes de publicidad, no hubo facturas de lo que la Presidencia de la República en la gestión Funes dijo haber contratado.
Sobre un medio de comunicación vinculado a actividades de radio y producción en el Gobierno de Funes se halló documentos sobre el pago de $1.1 millones por publicidad, pero cuando se le pide la documentación al proveedor no entregó cheques de gerencia, ni facturas, pese a que en Casa Presidencial se justificó ese pago por el rubro de publicidad.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
