Internacionales
Miembro de MS-13 se declara culpable de asesinatos en Long Island
Un miembro de la pandilla MS-13 en Nueva York se declaró culpable el martes de crimen organizado y otros cargos federales en un caso que involucra siete asesinatos, incluidos los de dos chicas de secundaria, que centraron la atención de la nación en la violenta pandilla callejera centroamericana.
Jairo Saenz, de 28 años, presentó su declaración en el tribunal federal en Central Islip en una audiencia a la que asistieron miembros de su familia y algunas familias de las víctimas.
En la audiencia, Saenz admitió que cometió los crímenes y que sabía que estaban mal después de que su abogado leyera el relato de los asesinatos en Long Island, justo al este de la ciudad de Nueva York.
Saenz, originario de El Salvador, será sentenciado el 13 de junio y enfrenta de 40 a 60 años de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad aprobado por el juez.Traditional Salvadoran cuisine
Los hermanos han admitido que ordenaron o aprobaron los asesinatos de rivales y otros que faltaron el respeto o tuvieron conflictos con la célula, a fin de ascender en la jerarquía del grupo y fortalecer su reputación.
La familia y los abogados de Saenz no hicieron comentarios fuera del tribunal, pero los padres de dos de las víctimas dijeron que deseaban que se le hubiera impuesto una sentencia de cadena perpetua.
“Fue algo de justicia, pero no lo que yo quería”, expresó George Johnson, padre de Michael Johnson, de 29 años, quien fue golpeado y asesinado a puñaladas en Brentwood en 2016. “Al menos no está en la calle para lastimar a nadie más”.
Elizabeth Alvarado lamentó que su hija, Nisa Mickens, estuviera a solo un día de cumplir 16 años cuando sufrió un destino similar en septiembre de 2016.
“Eso realmente dolió porque ella tenía muchos sueños”, aseguró su madre fuera del tribunal. “Quería ser veterinaria. Quería ser enfermera como yo y su padre. Hay tantas cosas que me estoy perdiendo”.
Mickens y Kayla Cuevas, de 16 años, habían sido amigas de toda la vida y compañeras de clase en Brentwood High School cuando fueron asesinadas con un machete y un bate de béisbol por un grupo de jóvenes y adolescentes que las habían seguido en un coche.
La fiscal Carolyn Pokorny indicó en un comunicado que Saenz participó en “múltiples actos bárbaros de violencia de pandillas sin sentido que habían convertido partes de Long Island en una zona de guerra”. Aseveró que miembros de la pandilla MS-13 “empuñaron armas, machetes, bates y fuego” en su reino de terror.
“Es mi sincera esperanza que la declaración de culpabilidad de hoy brinde algún grado de consuelo y cierre a las familias de las víctimas del acusado que continúan lamentando la muerte de sus seres queridos”, agregó.
El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, pidió la pena de muerte para Saenz y otros arrestados en los asesinatos y atribuyó la violencia a las políticas de inmigración laxas, mientras realizaba varias visitas a Long Island.
Otras víctimas en el caso incluyeron a Javier Castillo, un joven de 15 años con quien los miembros de la pandilla se hicieron amigos antes de llevarlo a un parque aislado y atacarlo con machetes.
Otra víctima, Oscar Acosta, de 19 años, fue encontrado muerto en un área boscosa cerca de unas ferrovías cinco meses después de salir de casa para jugar al fútbol.
Las víctimas mayores incluyeron a Esteban Alvarado-Bonilla, de 29 años, quien fue asesinado por un pistolero dentro de una tienda de delicatessen en Central Islip a principios de 2017 y Dewann Stacks, de 34 años, quien fue emboscado y asesinado a golpes mientras caminaba por una carretera en Brentwood.
Saenz también se declaró culpable el martes de su participación en tres intentos de asesinato; incendio provocado; tráfico de narcóticos; delitos de armas de fuego; y una conspiración para matar a Marcus Bohannon, quien fue asesinado por otros miembros de MS-13 en 2016.
Los fiscales han dicho que él era el segundo al mando en una célula de la pandilla que operaba en Brentwood y Central Islip conocida como Sailors Locos Salvatruchas Westside. Su hermano, Alexi Saenz, líder de la célula, previamente se declaró culpable de cargos similares y será sentenciado en los próximos días.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
