La incorporación de El Salvador al Board of Peace impulsado por el presidente Donald Trump ocurre en un momento particular: cuando la palabra “paz” se repite con urgencia, pero con poca eficacia. Se la invoca en declaraciones solemnes, se la persigue en mediaciones interminables, se la reclama en llamados constantes al alto al fuego. Mucha intención. Poco orden. Esa saturación obliga a replantear una pregunta que el mundo suele evitar: ¿qué significa realmente hablar de paz? No por mala fe, sino porque se ha confundido el objetivo con el camino.

El Board of Peace surge precisamente desde esa frustración. No como un organismo decorativo, sino como un intento de entender por qué tantos procesos de paz fracasan incluso antes de comenzar. Y es ahí donde la experiencia de El Salvador adquiere relevancia: no llega a esa mesa como alumno ni como observador. Llega como caso. Como ejemplo de que, a veces, la paz no empieza con un acuerdo, sino con una decisión.

Durante años, gran parte del mundo asumió que la paz es el punto de partida. Que primero se dialoga, luego se ordena. Que el consenso genera autoridad. El Salvador recorrió el camino inverso. Entendió que sin un Estado que ejerza control efectivo sobre su territorio,
la paz no es una promesa: es una ficción administrativa.

Lo que cambió en El Salvador no fue solo una política de seguridad. Fue la secuencia. Primero orden. Primero presencia estatal. Primero reglas claras. Solo después, normalidad. La paz no llegó como resultado de una negociación; llegó como consecuencia de que el miedo dejó de administrar la vida cotidiana.

Ese aprendizaje tiene valor directo para regiones atrapadas en conflictos prolongados. En muchos de esos escenarios, el problema no ha sido la ausencia de iniciativas de paz, sino la ausencia de una autoridad capaz de sostenerlas. Vacíos de poder que son rápidamente ocupados por actores no estatales, milicias, organizaciones criminales o estructuras terroristas que convierten la violencia en sistema mientras el Estado negocia desde la debilidad.

El Salvador no ofrece soluciones mágicas ni recetas universales. Lo que aporta al Board of Peace es algo más incómodo y, precisamente por eso, más útil: la certeza de que la paz no puede construirse sobre un vacío de poder. Que antes del diálogo debe existir control. Que
antes de la reconciliación deben existir límites. Y que sin Estado, no hay proceso que aguante.

En un mundo donde el crimen, el extremismo y el terrorismo aprendieron a usar el lenguaje del derecho como escudo, El Salvador recuerda una verdad básica que muchos sistemas han preferido olvidar: la paz no se defiende con comunicados, sino con presencia. No se sostiene
con intenciones, sino con autoridad. No se proclama; se ejerce.

Por eso su presencia en el Board of Peace tiene tanto sentido. No para enseñar cómo se firma la paz, sino para recordar algo más elemental y más difícil: que la paz duradera no empieza con palabras, sino cuando el Estado vuelve a llegar a tiempo.

Y cuando ese silencio llega -cuando es real- dice más que cualquier declaración

Cónsul Honorario de El Salvador en Israel

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la madrugada de este lunes 2 de febrero ocasionaron el desprendimiento total del techo de una vivienda con habitaciones de alquiler en el distrito de Zaragoza, en el departamento de La Libertad Este, informaron autoridades.

El incidente se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando los vientos alcanzaron velocidades estimadas entre 50 y 70 kilómetros por hora, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Como resultado del hecho, una niña resultó lesionada y fue atendida de manera oportuna por personal del Ministerio de Salud (MINSAL), sin que hasta el momento se reporten complicaciones mayores.

Las autoridades advirtieron que los Vientos Nortes continuarán durante el transcurso del día, con rachas que podrían alcanzar nuevamente hasta los 70 kilómetros por hora. Ante esta situación, recomendaron a la población no subirse a techos ni árboles, así como mantenerse alejada de vallas publicitarias, láminas y estructuras que puedan representar un riesgo.

La derechista Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, tras arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en este país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.

Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48,7 % de los votos, casi nueve puntos más de los que necesitaba para ganar en primera vuelta, según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 85 % del escrutinio.

Sus propuestas sobre seguridad -que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses- y para reformar los poderes del Estado son vistas por opositores como parte de un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla.

En una videollamada con su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, Fernández le agradeció haber confiado en ella «para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica».

Apenas se conocieron los primeros resultados, que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos (33,18% de los votos), miles de militantes del Partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar.

Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades.

Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.

Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.

Costa Rica también eligió este domingo a 57 diputados.

Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, propone copiar parte de la guerra contra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Chaves acusan de auspiciar la impunidad.

Por ello, aspira a lograr una amplia mayoría legislativa que le permita modificar la Constitución.

Durante el gobierno de Chaves, una figura polarizante, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por 100,000 habitantes.

Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.

Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

«Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas», justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.

«La economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos», señaló por su parte Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años.

Pero los opositores aseguran que las reformas constitucionales en realidad buscan allanar el regreso de Chaves al poder cuando finalice su mandato de cuatro años. Actualmente el presidente debe esperar dos períodos para volver a postular.

A Fernández la tildan de «populista» y «mala copia» de Chaves por adoptar su retórica confrontativa.

«Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática», garantizó la candidata este domingo.

«Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder», lanzó este domingo el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987.

«Aquí no hay dictaduras», dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban «¡Fuera Chaves!».

Aunque la pobreza bajó del 18 % en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.