El Informe de Ciberseguridad 2025: «Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe», elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que El Salvador ha dado pasos notables para establecer un sólido marco legal en materia de ciberseguridad.

Destacan entre los avances la aprobación en 2024 por parte de la Asamblea Legislativa de dos normativas clave: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

«La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información introduce un marco para políticas de ciberseguridad que se aplica a todas las entidades gubernamentales, incluidos los organismos autónomos y los municipios. Incluye sanciones específicas para los funcionarios del sector público que no implementen medidas de seguridad adecuadas, subrayando la importancia del cumplimiento», explica el estudio especializado.

En el reporte se agrega que el Gobierno salvadoreño se encuentra realizando diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de su Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional a través de la innovación y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

«La nación está desarrollando activamente una estrategia nacional de ciberseguridad, centrada en proteger la información digital del Estado mediante la adopción de normas internacionales y el establecimiento de una coordinación interinstitucional sólida y cooperativa», se lee en el informe, que constituye el tercero de su clase desde 2016.

Asimismo, se destaca que El Salvador ha establecido la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), responsable de implementar políticas de ciberseguridad en las instituciones del sector público, así como de crear y mantener un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

Dentro del documento se apunta que el país se encuentra implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para gestionar y responder a amenazas en sectores sensibles, donde se manejan datos de Gobierno Electrónico. Estos SOC se establecerán con el apoyo técnico y financiero del BID.

«En 2023, El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, destacando el compromiso del Gobierno con la ciberseguridad», detalla el informe de la OEA y el BID.

Además, se afirma que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv con la finalidad de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

También se indica que, a través de una campaña nacional de concienciación en ciberseguridad, que alcanzó a más de 500,000 ciudadanos, se logró aumentar en un 30 % la conciencia pública y la denuncia de fraudes cibernéticos.

Se asevera que, como parte del compromiso con la transformación digital, El Salvador impulsa iniciativas de gobierno electrónico para agilizar y asegurar los servicios públicos mediante el uso de la tecnología.

«El Gobierno salvadoreño ha priorizado la colaboración público-privada para fomentar la resiliencia cibernética en múltiples sectores, en colaboración con el líder tecnológico global Cisco», recalca.

El informe constituye una evaluación sobre el nivel de madurez en ciberseguridad de 30 países de las regiones latinoamericana y caribeña.

«El presente informe se basa en la tercera ola de recopilación de datos únicos sobre las capacidades nacionales de ciberseguridad de los Estados miembros. Al igual que los informes anteriores de 2016 y 2020, los datos de 2025 se basan en el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para Naciones [CMM] de Oxford, desarrollado en colaboración con la OEA», se explica.

Además, ofrece una visión empírica de los avances alcanzados entre 2020 y 2025, así como los desafíos pendientes, presentando recomendaciones prácticas dirigidas a responsables de políticas públicas, sector privado y sociedad civil.

De acuerdo con el especialista principal del sector en gobierno digital y coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital de la Unidad IFD/ICS del BID, Miguel Porrúa, durante la última década los países de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en la transformación digital, tanto en el sector público como en otros ámbitos.

«A escala gubernamental, países como Uruguay, Chile, Argentina y Brasil ocupan los primeros puestos en el

E-Government Development Index [EGDI] de la ONU, lo que refleja el progreso en servicios digitales y participación ciudadana», consignó en el informe. Según Porrúa, «la gobernanza de datos abiertos se está fortaleciendo en Colombia, Brasil y Perú, mientras que el Índice de Preparación de la Red del Foro Económico Mundial destaca a Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile como líderes regionales».