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Informe regional señala avances de El Salvador en el tema de ciberseguridad
El Informe de Ciberseguridad 2025: «Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe», elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que El Salvador ha dado pasos notables para establecer un sólido marco legal en materia de ciberseguridad.
Destacan entre los avances la aprobación en 2024 por parte de la Asamblea Legislativa de dos normativas clave: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).
«La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información introduce un marco para políticas de ciberseguridad que se aplica a todas las entidades gubernamentales, incluidos los organismos autónomos y los municipios. Incluye sanciones específicas para los funcionarios del sector público que no implementen medidas de seguridad adecuadas, subrayando la importancia del cumplimiento», explica el estudio especializado.
En el reporte se agrega que el Gobierno salvadoreño se encuentra realizando diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de su Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional a través de la innovación y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
«La nación está desarrollando activamente una estrategia nacional de ciberseguridad, centrada en proteger la información digital del Estado mediante la adopción de normas internacionales y el establecimiento de una coordinación interinstitucional sólida y cooperativa», se lee en el informe, que constituye el tercero de su clase desde 2016.
Asimismo, se destaca que El Salvador ha establecido la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), responsable de implementar políticas de ciberseguridad en las instituciones del sector público, así como de crear y mantener un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
Dentro del documento se apunta que el país se encuentra implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para gestionar y responder a amenazas en sectores sensibles, donde se manejan datos de Gobierno Electrónico. Estos SOC se establecerán con el apoyo técnico y financiero del BID.
«En 2023, El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, destacando el compromiso del Gobierno con la ciberseguridad», detalla el informe de la OEA y el BID.
Además, se afirma que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv con la finalidad de mejorar la seguridad de los portales institucionales.
También se indica que, a través de una campaña nacional de concienciación en ciberseguridad, que alcanzó a más de 500,000 ciudadanos, se logró aumentar en un 30 % la conciencia pública y la denuncia de fraudes cibernéticos.
Se asevera que, como parte del compromiso con la transformación digital, El Salvador impulsa iniciativas de gobierno electrónico para agilizar y asegurar los servicios públicos mediante el uso de la tecnología.
«El Gobierno salvadoreño ha priorizado la colaboración público-privada para fomentar la resiliencia cibernética en múltiples sectores, en colaboración con el líder tecnológico global Cisco», recalca.
El informe constituye una evaluación sobre el nivel de madurez en ciberseguridad de 30 países de las regiones latinoamericana y caribeña.
«El presente informe se basa en la tercera ola de recopilación de datos únicos sobre las capacidades nacionales de ciberseguridad de los Estados miembros. Al igual que los informes anteriores de 2016 y 2020, los datos de 2025 se basan en el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para Naciones [CMM] de Oxford, desarrollado en colaboración con la OEA», se explica.
Además, ofrece una visión empírica de los avances alcanzados entre 2020 y 2025, así como los desafíos pendientes, presentando recomendaciones prácticas dirigidas a responsables de políticas públicas, sector privado y sociedad civil.
De acuerdo con el especialista principal del sector en gobierno digital y coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital de la Unidad IFD/ICS del BID, Miguel Porrúa, durante la última década los países de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en la transformación digital, tanto en el sector público como en otros ámbitos.
«A escala gubernamental, países como Uruguay, Chile, Argentina y Brasil ocupan los primeros puestos en el
E-Government Development Index [EGDI] de la ONU, lo que refleja el progreso en servicios digitales y participación ciudadana», consignó en el informe. Según Porrúa, «la gobernanza de datos abiertos se está fortaleciendo en Colombia, Brasil y Perú, mientras que el Índice de Preparación de la Red del Foro Económico Mundial destaca a Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile como líderes regionales».
Nacionales
Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La competición se disputará en formato de final a cuatro del 2 al 7 de febrero y contará con la participación del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, informó la RFEF en un comunicado.
Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020, pero fue descartada como sede para 2027 debido a que las fechas coinciden con la Copa Asiática. No obstante, la RFEF señaló que la Supercopa volverá a disputarse en Arabia Saudita en 2028.
El FC Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España, después de vencer al Real Madrid en la final de 2026.
En el torneo participan los campeones de la Copa del Rey y LaLiga, además del finalista de Copa y el segundo clasificado del campeonato.
Internacionales
Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
