Judicial
Denuncian penalmente a la expresidenta del BFA y Banco Hipotecario Nora Miranda de López, por embargo ilegal
La expresidenta del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y del Banco Hipotecario durante los Gobiernos del FMLN, Nora Mercedes Miranda de López, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la Expresidenta por presuntamente cometer los delitos de Desobediencia de Particulares y Falsedad Ideológica.
De acuerdo a los abogados del empresario salvadoreño, Enrique Rais, la exfuncionaria introdujo documentos falsos, todo para evadir responsabilidad penal en el caso del embargo ilegal del Ingenio El Carmen, propiedad de Rais, quien por 21 años ha estado luchando para demostrar las fraudulentas acciones que cometieron los dirigentes de Arena y FMLN con fines políticos y económicos.
Según la demanda presentada el pasado 21 de mayo del presente año, los hechos se habrían registrado en el curso del proceso penal que las empresas dueñas del Ingenio “El Carmen”, llevan en contra de la imputada Nora Miranda de López y la persona que ejercía como Interventor de Caja del ingenio El Carmen Oscar Girón Ulloa por orden de la entidad bancaria gubernamental.
De acuerdo a los abogados, la señora Nora Miranda fue citada en calidad de acusada a la audiencia inicial, a la cual no compareció y solamente envió una constancia médica, sin embargo, la diligencia se instaló. Decretándose por el juez de paz que el caso pasara a la fase de instrucción, así como ordenando medidas sustitutivas a la detención para Nora Miranda, principalmente no cambiar de domicilio, no salir del país y llegar al juzgado a firmar los día
siete de cada mes. Todo eso le fue notificado por medio de su abogado defensor el 07 de febrero de 2022.
Sin embargo, consta en la denuncia a la cual este medio tuvo acceso que Nora Miranda no compareció a cumplir con la firma en el juzgado el 07 de marzo de este año, en su lugar el abogado Miguel Amador, su defensor particular presentó un escrito alegando razones médicas y presentando como prueba una constancia médica expedida por un médico guatemalteco en la ciudad de Mixco, Guatemala, a fecha 04 de marzo de 2022, es decir en tiempo que tenía restricción activa par salir del país.
Nuevamente la situación se repitió el 07 de abril de 2022, cuando el abogado defensor volvió a presentar escrito de justificación que acompaña de otra constancia de fecha 1º de abril de 2022 emitida por el mismo médico guatemalteco en la que recomienda que Nora Miranda no viaje por vía terrestre, aérea o marítima por mostrar secuelas desde su primera revisión los días 8 y 12 de enero de 2022, en que supuestamente dio positivo a COVID-19, en ambas fechas.
Entrevistado uno de los abogados denunciantes, dice que al confrontar las fechas advirtieron el incumplimiento de las medidas, ya que Nora Miranda tuvo restricción activa de salir del país desde el 07 de febrero al 19 de abril (ambas fechas de 2022); sin embargo presentó como causa de no poder asistir a cumpli con la firma en sede judicial constancias médicas expedidas en Guatemala, por un médico de ese país, en concreto el Dr. David Gordillo Quintana, de fechas 04 de marzo y 1º de abril (ambas fechas 2022) es decir que estaba incumpliendo las medidas vigentes en ese momento, lo que hicimos de conocimiento al juzgado de instrucción que lleva la causa.
De acuerdo al denunciante, luego que ellos advirtieron la situación, la Sra. Miranda de López compareció a firmar el 07 de mayo del presente año por primera vez, lo cual no borra los incumplimientos previos, sobre todo que se está hablando de fraudes en el expediente judicial, de confirmarse que desobedeció una orden judicial y que además presentó constancias falsas, ya que no se encontraba en la situación que en las mismas se manifiestan, sino que habrían sido elaboradas insertando información falsa para evadir su comparecencia.
Consta en la denuncia, que los hechos vertidos en la constancia no encajan en la realidad, pues de acuerdo al médico guatemalteco, David Gordillo Quintana, la Sra. Miranda de López dio positivo a COVID-19 en dos pruebas los días 08 y 12 de enero de 2022, manteniendo una situación grave en su salud que requería continuar con medidas preventivas de salud y exámenes complementarios por problemas de hipertensión arterial; no obstante, el documento es tan contradictorio con la realidad, que no advirtió Nora Miranda, que en el mismo expediente consta una Escritura de Poder Judicial otorgado por parte de ella en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos de América, el 23 de enero de 2022.
¿Cómo es que estando en una grave crisis de COVID-19 que le imposibilitó estar en su audiencia y firmar en el juzgado en los meses de febrero, marzo y abril, no le dio problema para estar 11 días después de supuestamente haber dado positivo a COVID-19 en los Estados Unidos de América? Se preguntan los denunciantes.
Finalmente reiteran que la razón de hacer estas denuncias públicas, es evitar con la práctica de personas que antes como fueron parte de las estructuras de poder durante los gobiernos del FMLN, creen que pueden seguir manteniéndose en la impunidad, sobre todo cuando el actual caso donde Nora Miranda está acusada por los delitos de Administración Fraudulenta, Apropiación o Retención Indebida, Daños y Actos Arbitrarios, intentó ser engavetado por los Ex fiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, quienes omitieron la investigación con el fin de cerrarlo definitivamente, delito por los cuales se presentarán demandas penales en contra de ambos ex fiscales. Situación que se logró revertir después de ocho años de batalla legal.
Nora Miranda Mercedes de López, fungió como Presidenta del BFA, durante gran parte del Gobierno de Mauricio Funes y posteriormente durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén fue nombrada Presidenta del Banco Hipotecario. Este último Banco fue señalado dentro de las investigaciones de los casos de desfalco y corrupción en los que se vincula al Expresidente de la República Mauricio Funes, de facilitar el retiro de millonarias cantidades de dinero por una suma próxima a los US $351 Millones de dólares, por diversos mecanismos entre los que se encontraba el cambio de cheque en efectivo por fuertes sumas de dinero que eran retirados por empleados de Casa Presidencial en “bolsas negras de basura”. Por estos hechos ha sido procesado uno de los Expresidentes del Banco Hipotecario y se confirma una vez más que esta señora ex presidente de bancos estatales está acostumbrada a este tipo de prácticas fraudulentas, desafortunadamente para ella, los tiempos han cambiado y ahora se respeta la ley y se hace justicia en los tribunales.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
