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Confiscan propiedades de uno de los empresarios más poderosos de Nicaragua
El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que diferentes propiedades pertenecientes a él, fueron inscritas a nombre del Estado, sin haber sido notificado “de ningún tipo de proceso” en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas.
“No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como “víctima” el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesado.
Confiscación es ilegal y arbitraria, dice abogada
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe de cumplir con dos misivas. Una, que exista en sentencia firme que exprese la razones de la adjudicación; y dos el supuesto delito cometido debe de estar tipicado para proceder con ese tipo de acciones.
«En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hechos adjudicaciones de manera arbitraria», subraya Martínez.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán explica que el caso del empresario nicaragüense no “debe ser visto como algo aislado”.
“Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales”, subraya. Explica que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la constitución.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
