Internacionales
Confiscan propiedades de uno de los empresarios más poderosos de Nicaragua
El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que diferentes propiedades pertenecientes a él, fueron inscritas a nombre del Estado, sin haber sido notificado “de ningún tipo de proceso” en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas.
“No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como “víctima” el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesado.
Confiscación es ilegal y arbitraria, dice abogada
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe de cumplir con dos misivas. Una, que exista en sentencia firme que exprese la razones de la adjudicación; y dos el supuesto delito cometido debe de estar tipicado para proceder con ese tipo de acciones.
«En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hechos adjudicaciones de manera arbitraria», subraya Martínez.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán explica que el caso del empresario nicaragüense no “debe ser visto como algo aislado”.
“Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales”, subraya. Explica que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la constitución.
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
Internacionales
¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.
