Internacionales
Confiscan propiedades de uno de los empresarios más poderosos de Nicaragua
El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que diferentes propiedades pertenecientes a él, fueron inscritas a nombre del Estado, sin haber sido notificado “de ningún tipo de proceso” en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas.
“No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como “víctima” el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesado.
Confiscación es ilegal y arbitraria, dice abogada
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe de cumplir con dos misivas. Una, que exista en sentencia firme que exprese la razones de la adjudicación; y dos el supuesto delito cometido debe de estar tipicado para proceder con ese tipo de acciones.
«En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hechos adjudicaciones de manera arbitraria», subraya Martínez.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán explica que el caso del empresario nicaragüense no “debe ser visto como algo aislado”.
“Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales”, subraya. Explica que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la constitución.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
