Internacionales
Confiscan propiedades de uno de los empresarios más poderosos de Nicaragua
El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que diferentes propiedades pertenecientes a él, fueron inscritas a nombre del Estado, sin haber sido notificado “de ningún tipo de proceso” en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas.
“No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como “víctima” el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesado.
Confiscación es ilegal y arbitraria, dice abogada
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe de cumplir con dos misivas. Una, que exista en sentencia firme que exprese la razones de la adjudicación; y dos el supuesto delito cometido debe de estar tipicado para proceder con ese tipo de acciones.
«En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hechos adjudicaciones de manera arbitraria», subraya Martínez.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán explica que el caso del empresario nicaragüense no “debe ser visto como algo aislado”.
“Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales”, subraya. Explica que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la constitución.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
