Internacionales
¿Cómo reaccionó Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, al ser declarado culpable de narcotráfico su juicio en EE.UU.?
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, estaba rezando este viernes cuando los 12 miembros del jurado entraron a la sala para la lectura del veredicto.
En las manos de ese grupo de ciudadanos estadounidenses estaba una decisión histórica: el destino de un exmandatario latinoamericano. Luego de 12 audiencias en las que escucharon, entre otros testigos, a exnarcotraficantes afirmar directamente que pagaron sobornos a Hernández y su entorno, los miembros del jurado deliberaron durante nueve horas, poco más de una jornada. Tenían una decisión unánime.
En medio de las conversaciones privadas dentro de la corte en Nueva York, apenas hubo un indicio sobre qué era lo que estaban analizando y hacia dónde podría estar inclinándose la balanza.
El jueves los jurados solicitaron al juez revisar el testimonio del general de brigada Tulio Romero Palacios, y un fragmento de la declaración del propio Hernández en el estrado.
Sin darse cuenta o sin poder evitarlo bajo juramento, el expresidente contradijo al primer testigo llamado por su propia defensa, cuando afirmó que él no había proporcionado seguridad para su hermano, Tony Hernández, condenado en 2021 por la justicia de EE.UU. a cadena perpetua por narcotráfico. Previamente, el general que estuvo a cargo de la escolta presidencial había declarado en el estrado que se dio seguridad al mandatario, a su esposa, a sus hijos, a su madre, a dos hermanas y a Tony.
Preguntado al abogado de Hernández, Raymond Colón, si ese detalle pudo haber influido en el veredicto, y respondió: “Es posible. Lo que nunca se sabe es lo que va a enfatizar el jurado”.
Momento cumbre
Cerca de la 1:30 p.m. a las partes se les informó que había un veredicto.
Hernández y sus abogados se sentaron en silencio en la misma mesa que ocuparon durante todo el juicio. No había mucho que conversar, solo esperar.
Y rezar.
El exmandatario tenía las manos entrelazadas, la cabeza apoyada sobre ellas, a la espera de una declaración de inocencia que nunca llegó.
El juez pidió a los alguaciles que hicieran pasar al jurado. La seguridad en la sala fue reforzada y se advirtió al público que evitara reacciones o interrumpir el proceso.
Cuando la asistente del juez preguntó por el primero de los cargos, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, el acusado levantó la mirada.
-Culpable -dijo el portavoz del jurado.
Hernández volvió a bajar la cabeza. Subió la mirada para escuchar la decisión sobre el segundo cargo, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico.
-Culpable -oyó otra vez.
Bajó la cabeza y no la levantó para la lectura del tercer cargo, posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. Solo negaba con la cabeza, sin mirar a nadie. Su suerte ya estaba echada.
Al ser retirado, alcanzó a despedirse de dos de los familiares que lo acompañaron durante el proceso y que estaban cerca.
-Soy inocente, díganselo al mundo. Los quiero mucho -dijo.
Las dos mujeres salieron con lágrimas en los ojos, sin dar declaraciones.
La decepción se reflejaba en los rostros de los abogados, que no lograron instalar la duda razonable entre los miembros del jurado.
El defensor Raymond Colón confirmó a CNN que apelará la decisión y agregó que Hernández “sigue fuerte, aunque está desilusionado”.
“Es triste, una tragedia, un hombre tan noble”, comentó.
Sobre la decisión de que Hernández testificara en el juicio, dijo que fue un escenario que se habló por mucho tiempo, teniendo en cuenta el riesgo que significaba exponerse al contrainterrogatorio de la Fiscalía, que a la postre resultó en una contradicción.
“Pero él quería contarle al pueblo hondureño y al jurado qué es lo que hizo. Creo que declaró muy bien. Pero (los miembros del jurado) decidieron tomar los testimonios del gobierno”, dijo Colón.
Los abogados solicitaron hablar con el jurado para conocer por qué determinaron la culpabilidad. Según Colón, no analizaron todas las pruebas durante las dos jornadas de deliberaciones. “Creo que es imposible, es un caso de casi 10 años. El caso presentado por la Fiscalía era débil. Los testigos que presentaron eran básicamente psicópatas y asesinos”, comentó.
Festejos y lamentos
Afuera de la corte, algunos hondureños que estaban reunidos en vigilia esperando la decisión celebraron el veredicto.
El ambiente desde el jueves tenía mucha carga emotiva. Incluso, los abogados de Hernández pidieron al juez que le recordara al jurado que no debían tomar en cuenta lo que veían en la calle.
El mural instalado llevaba rostros de víctimas de la violencia en Honduras, colocadas por sus deudos. Un altar con velas también estaba rodeado por pancartas que pedían justicia y “no clemencia a los narcopolíticos”. También, un traje de prisionero con un número con el que las autoridades estadounidenses identifican a Hernández.
Cuando llegó la noticia, hubo abrazos, gritos de alegría y lágrimas de emoción, entre cantos de “justicia, justicia”. Sonó el himno nacional de Honduras y las banderas se agitaban.
Pero también hubo una minoría que dijo estar triste y decepcionada. Entre otras cosas, destacaron que en el proceso no se presentó ninguna prueba física, y que habían esperado ver evidencias concretas de las acusaciones más allá de los testimonios de los exnarcotraficantes.
En el proceso, la Fiscalía no presentó videos o audios. Sí exhibió imágenes de Hernández junto a narcos, aunque la defensa remarcaba que fueron realizadas en eventos públicos.
Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, tendrá la audiencia de sentencia el 26 de junio, según informó el Departamento de Justicia.
El exmandatario ahora enfrenta una posible cadena perpetua, luego de ser declarado culpable de los tres cargos por narcotráfico y armas.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.


Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.








