La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.

En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.

«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.

Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.

Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».

Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.

«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.

«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.

Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.

Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.

Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.

Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].

Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.

Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.

Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.

«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.

En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.

En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.

En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.

Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.

También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.

Por tres delitos de crimen organizado, 10 terroristas de la Mara Salvatrucha fueron condenados a penas de 20 y 28 años de prisión.

Los pandilleros integraban la estructura San Sivar Locos Salvatruchos y se habían agrupado en la célula territorial para consumar una serie de hechos delictivos en la colonia San Felipe y otros sectores de Ilopango, según quedó establecido en la vista pública realizada por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El juez tres impuso la mayor condena a René Alonso Herrera Morales, conocido como Loncho, y ordenó que pase 28 años en la cárcel por los delitos de extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.

Mientras que otros nueve pandilleros fueron sentenciados a 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República probó que la estructura extorsionó a una víctima con régimen de protección con el pago semanal de $40. Le advirtieron que, si no accedía y colabora con la pandilla, la iban asesinar junto con su familia.

La persona denunciante dijo a las autoridades que por varios años estuvo pagando «renta» a la Mara Salvatrucha, pero dejo de cancelar la cuota hasta en el 2022, cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en la zona donde residía para detener a los mareros como parte de las acciones ejecutadas en el marco del régimen de excepción.

La persona afectada dijo que por temor a que Locho la fuera asesinar huyó de su residencia, fue hasta la detención de todos los extorsionistas que pudo librarse de esta estructura criminal.