La destrucción de 35 escuelas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá dejó a más de 3,000 estudiantes sin sus espacios habituales para recibir clases. Los centros educativos afectados se encuentran principalmente en comunidades rurales y de difícil acceso, donde la recuperación de la enseñanza presencial enfrenta dificultades adicionales.

El Ministerio de Educación (Meduca) identificó una matrícula de 3,031 estudiantes en los 35 planteles colapsados, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado el 12 de octubre. Herrera concentra 20 de esas escuelas, lo que refleja el fuerte impacto del desastre sobre la infraestructura educativa de esa provincia.

Para mantener la continuidad escolar, las autoridades contemplan habilitar espacios alternativos en casas comunales, iglesias y estructuras temporales. La educación virtual presenta limitaciones en las comunidades con escasa conectividad o sin suficientes dispositivos, por lo que disponer de aulas provisionales resulta fundamental para atender a los alumnos.

Las inspecciones también han identificado cientos de centros educativos con distintos niveles de afectación. El balance divulgado el 13 de octubre situaba en más de 650 los planteles dañados, incluidos los destruidos, por lo que la dimensión de la emergencia supera las escuelas que quedaron completamente inutilizables.

La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.

La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.

Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.

Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.