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Inauguran Laboratorio de Análisis del Suelo y Agua en Metapán
El sector agrícola es clave para el desarrollo del país. El Vicepresidente Félix Ulloa, junto a la Designada Presidencial de la República de Honduras, Doris Gutiérrez; el Embajador de Italia, Paolo Rozo; el Alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde y representantes de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) e IILA, inauguraron este día el Laboratorio de Análisis de Suelo y Agua en las instalaciones de SISTAGRO, Metapán.
Durante su intervención, el Vicepresidente destacó la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele, subrayando que “estamos ganando la Guerra Contra las Pandillas, logrando así el milagro de la seguridad y apostándole al milagro económico”. Añadió que este proyecto forma parte de una cadena virtuosa de acciones orientadas al desarrollo y la sustentabilidad, impulsadas con el apoyo de aliados estratégicos.
El nuevo laboratorio es una herramienta clave para fortalecer el sector agrícola, al brindar a los productores del Trifinio acceso a análisis de suelo y recomendaciones técnicas para una mejor gestión de cultivos. Durante el evento, se entregaron 85,000 plantines de hortalizas y se inauguró el sistema acuapónico para la cosecha de peces y hortalizas, con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y CENDEPESCA.
Esta iniciativa fue posible gracias al financiamiento de la República Italiana y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), con la ejecución a cargo de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.
El Gobierno de El Salvador reafirma así su firme compromiso con el desarrollo económico del país, impulsando programas que fortalezcan la agricultura, promuevan prácticas productivas sustentables y mejoren la calidad de vida de las familias productoras.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
