Política
Diputados emiten dictamen favorable para desaforar a Norman Quijano
La Comisión Especial de Antejuicio determinó, mediante los elementos probatorios presentados, que hay formación de causa para quitar al diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, el fuero constitucional que ha impedido que se le procese por haber negociado con pandillas.
Por tal motivo, emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidan si quitarle o no el fuero al imputado.
“Seremos facilitadores de la justicia por la que claman las familias […] Los políticos que iban a ejercer un cargo de poder, en lugar de defendernos, pudieron haber vendido todas nuestras vidas, en este requerimiento fiscal dice que podían matar hasta a dos salvadoreños por día”, declaró el presidente de la comisión, Raúl Castillo.
Por este hecho, Quijano podría ser acusado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, actos sancionados en los artículos 295 y 345 del Código Penal, respectivamente.
Durante las sesiones se realizó el debido proceso, se contó con la parte fiscal y se garantizó la defensa técnica al diputado del PARLACEN. No obstante, Quijano no se comunicó con la abogada que le asignó el Ministerio Público para dar representarlo en este proceso.
Los testigos llamados a declarar, pese a haberse contradicho en varias ocasiones, concordaron en el hecho cuestionado: en marzo de 2014 el entonces candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano, después de la primera vuelta electoral en la que le aventajó el FMLN, sostuvo una reunión privada con líderes de pandillas en las oficinas de la Red Nacional de Pastores (RNP), en el marco de la celebración de un culto religioso en ese lugar.
En ese encuentro se hicieron varios ofrecimientos a las pandillas, entre ellos, $100 millones para prevención y reinserción, infraestructura militar para rehabilitación, entre otros beneficios.
“Se acordó dar beneficios a las pandillas, como ingreso de objetos ilícitos a los penales, dinero a prestar al interior de las cárceles a un interés del 20%, autorización para extorsionar, depuración de territorios matando a dos personas diarias, y depuración al interior de centros penales con autorización de Mijango”, señaló la fiscal Marcela Pineda
Por su parte, el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo Milla, quien fue llamado a declarar, negó haber participado en la reunión privada entre Quijano y las pandillas; sin embargo, admitió que fue invitado a asistir a un culto religioso ese día, en la RNP, junto a Quijano.
Estas declaraciones fueron desmentidas por el fundador del partido tricolor y presidente de la RNP, recinto en donde fue celebrado el encuentro, Nelson Valdez. El líder religioso afirmó que tanto Quijano como Milla asistieron a la reunión, no obstante, negó haberlos invitado, dijo que ellos le preguntaron si podían asistir, y él accedió.
Asimismo, fue testigo en este caso el columnista Paolo Lüers, quien afirmó que, después de la primera vuelta de las elecciones, se reunió con los líderes de pandillas para exigirles que dejaran de favorecer al FMLN con sus votos. Dijo que los pandilleros aseguraron en esa ocasión que habían estado negociando con el partido de izquierda, y que estaban buscando “bajarle dinero” a ARENA.
“Se logra comprobar el debate o la pelea interna entre FMLN y ARENA para ver quiénes entregaban mejores beneficios a las pandillas, para lograr una inclinación en los votos”, aseveró la fiscal Pineda.
Otro testigo en este caso fue Miguel Ángel Simán, quien, pese a su resistencia al inicio del interrogatorio, finalmente aceptó haber sido coordinador de Plan País, que se convirtió en el plan de gobierno que abanderó Norman Quijano y su partido.
“Plan país tenía estrategias que obligaban a ARENA a sentarse a negociar. En el Plan País había vinculación directa al establecer que el candidato debía sentarse con pandillas para negociar la vida de los salvadoreños”, explicó la fiscal Rebeca Santos.
Aunado a ello, las peritas del caso afirmaron, luego de haber estudiado a detalle el video que figura como una de las principales evidencias, que tanto la imagen como la voz corresponden a Norman Quijano, además de confirmar la participación del exdiputado Milla y del pastor Valdez.
“Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el salvador. Ha sido por mucho tiempo el rostro de la impunidad. Este país ha sido contaminado por años por los gobiernos del FMLN y ARENA”, señaló el fiscal Walter Coto.
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
A menos de un mes para que finalice el período legislativo 2021-2024, se visualizan cambios dentro de la Asamblea Legislativa; entre estos, que 39 de los diputados ya no continuarán en el Órgano Legislativo durante el próximo trienio.
Los motivos por los que no seguirán durante el período 2024-2027 son diversos, y en algunos casos atienden a situaciones personales, pero en términos generales se puede identificar que 18 legisladores no buscaron la reelección el 4 de febrero anterior.
En este grupo hay cinco de la fracción de ARENA, entre ellos Alberto Romero, quien se encuentra detenido mientras es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, quienes solicitaron permiso para ausentarse por enfermedad, renovado en varias ocasiones pero ya no retomaron sus obligaciones públicas; y Rodrigo Ávila Avilés, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue acusado de recibir sobresueldos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de la fracción de Nuevas Ideas, son nueve diputados que no participaron en la elección; entre ellos, Gerardo Aguilar y José Ilofio García, desaforados y procesados judicialmente por recibir dádivas a cambio de favores políticos; y Érick García, quien se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial por el delito de falsedad documental.
Tampoco participó Jhonny Tennant Wright, de Nuestro Tiempo, partido que desaparecerá; ni los tres diputados disidentes de ARENA: Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
Sí buscaron la reelección 17 legisladores, pero no recibieron el apoyo de la población necesario para permanecer en el cargo. En este grupo están los cuatro diputados del FMLN, quienes en ocasiones no votaban de la misma forma, dejando entrever una división en la fracción roja; se suman cuatro diputados tricolor, cuatro diputados de GANA, entre ellos Romeo Auerbach, quien terminó separándose del partido; y cuatro diputados de Nuevas Ideas que no lograron las marcas ni los votos requeridos para mantenerse.
Un tercer grupo que ya no regresará al Salón Azul de la Asamblea como diputados está conformado por cuatro de Nuevas Ideas que participaron en las elecciones municipales y se convirtieron en alcaldes.
Ellos son José Urbina, alcalde electo de San Salvador Oeste; Marcela Pineda, alcaldesa electa de La Paz Este; Jorge Castro, jefe municipal electo de Santa Ana Oeste; y Edwin Serpas, alcalde electo de la alcaldía de La Unión Norte. Recibirán sus credenciales el próximo 25 de abril.
Un factor importante que incide de alguna manera en que varios de los diputados ya no continúen es la nueva conformación del congreso, que pasa de tener 84 a 60 escaños, una decisión establecida en el decreto legislativo 755, del 7 de junio de 2023.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará a finales de este mes las credenciales a los concejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) electos en los comicios del 3 de marzo pasado.
Guillermo Wellman, magistrado electoral, detalló a «Diario El Salvador» que las credenciales a los nuevos funcionarios de elección popular se entregarán el jueves 25 del corriente mes y año.
Wellman aclaró que los documentos oficiales a los nuevos funcionarios municipales los dará cada Junta Electoral Departamental (JED), es decir, que el acto será en los 14 departamentos.
«La ley da la facultad a la JED para que ellos puedan entregar [las credenciales], pero también ello lo avala el organismo colegiado», explicó el funcionario electoral.
Por su parte, el TSE entregará solo las credenciales a los diputados electos del Parlacen, foro político regional con sede en Ciudad de Guatemala, en el que El Salvador tiene 20 diputados.
En marzo pasado, los salvadoreños eligieron a las autoridades de 44 gobiernos municipales y a los diputados del Parlacen.
De acuerdo con los resultados del escrutinio final, Nuevas Ideas ganó 28 alcaldías, GANA seis, el PCN tres, el PDC cuatro, la coalición PCN-PDC una, ARENA una y Fuerza Solidaria una. Los funcionarios de los gobiernos locales tomarán posesión de sus cargos el 1.º de mayo próximo para un período de tres años.
La elección de parlamentarios dejó a Nuevas con 13 diputaciones, dos para ARENA, dos para el FMLN, uno para GANA, uno para el PDC y uno para el PCN.
Los diputados tomarán sus curules en octubre de 2026 para cinco años. El Salvador también llevó a cabo en febrero pasado las elecciones presidenciales y legislativas, que las ganó también Nuevas Ideas, cuyas credenciales ya se entregaron.
