Política
Diputados aprueban reformar ley que agiliza compras para atender la pandemia
Las reformas evitarán malas interpretaciones respecto a la inmunidad de la que goza el personal de salud, lo cual excluye sobornos, falsificación, tráfico de bienes y otros delitos.
Los legisladores avalaron reformas a la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia Covid-19.
La ley otorga inmunidad al personal de salud ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, y de responsabilidad civil, penal o comercial, u obligación de indemnizar que surja por cualquier producto o servicio para tratamientos médicos, en el marco de la pandemia y de cualquier situación excepcional de salud pública.
Las vacunas continúan estudiándose en todo el mundo, por lo cual se hace necesario otorgar protección al personal de salud que atiende la pandemia. La reforma adicionará un inciso segundo al artículo 4, para aclarar que la inmunidad no está referida al cometimiento de delitos.
Así, queda claro que la inmunidad no está referida a actos de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar derivados de la prestación de servicios relacionados al Covid-19.
El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, dijo que no se debe desviar la atención del verdadero objetivo de la ley al hacer interpretaciones erróneas de la misma. El fin único de la norma es hacer compras ágiles de insumos y medicamentos para dar acceso a los salvadoreños a la salud, principalmente a las vacunas.
“Esto tiene que ver con compras de medicamentos, tiene que ver con acceso a las vacunas. La LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) establece plazos de entrega, y esos plazos tienen multas. Las farmacéuticas no iban a someterse a plazos cuando tienen demanda mundial”, aclaró el diputado Castro.
El parlamentario afirmó que todos los países del mundo han tenido que adoptar esta normativa para poder vacunar a su población, debido a que el Covid-19 es una situación excepcional de salud pública y requiere de medidas especiales para proteger la vida de la población.
Las reformas al cuerpo normativo son una iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Salud, Francisdo Alabi, y fueron aprobadas con los votos de 61 diputados.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
