Política
ARENA y GANA se unen para trabajar en ley de recuperación de territorio ocupado por pandillas que FMLN califica como manipuladora
La lucha del Estado contra las pandillas es el primer punto de discusión entre los diputados de la Asamblea Legislativa en la previa de las elecciones presidenciales, mientras la oposición trabaja en una ley creada por GANA para recuperar terreno donde acechan las estructuras criminales el oficialismo los acusa de manipuladores para sacar raja de un tema sensible para la población.
A mediados de la semana que finaliza, Osiris Luna se plantó frente a la recepción de correspondencia para presentar una propuesta de seguridad diferente a la de pena de muerte con la que el expartido naranja ha insistido desde hace varios años.
En la documentación esbozada en cuatro páginas, se entregó el trabajo de una mesa que tuvo la participación de ARENA para crear un edicto transitorio y así poder tomar control de zonas por al menos un año. Algo similar a las medidas extraordinarias en prisión pero esta vez apuntando a los delincuentes que están en libertad.
El FMLN sostiene que una política de este tipo en tiempos previos a las elecciones presidenciales busca sacar provecho para los respectivos candidatos presidenciales de los partidos de derecha ya que alegan que ya hay un plan de trabajo.
La propuesta presentada por Luna tiene objetivos, recursos a emplear en el proyecto, tipo de supervisión requerida para llevar el control de los avances, instituciones involucradas para llevar adelante el plan, operatividad y lineamiento sobre el tema de la reinserción social.
El diputado mocionante explicó que la iniciativa de su partido no busca ganancias políticas, sino que lo hacen por el beneficio de la población.»Lo hacemos por el clamor popular, por la inseguridad que está viviendo el país, por esa inseguridad que está golpeando duro a la sociedad», comentó.
La propuesta presentada en la iniciativa de ley tiene cinco ejes de trabajo para comenzar a tratar el problema. «La información se tiene, tanto la Policía como el Ejército tienen información recabada por sus oficinas de inteligencia, saben donde están los delincuentes, quienes son, por donde se debe entrar, pero no se hace nada», lamentó Luna.
Experiencia en otros países
El plan tiene como base la experiencia de proyectos similares que el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, ha ejecutado y supervisado en países como Argentina, Brasil, México y Los Ángeles, Estados Unidos.
«En este tema no se a avanzado nada, y si el gobierno no lo quiere reconocer, es la población la que debe exigir. Es el gobierno el responsable de la seguridad del Estado, de las personas, de sus bienes y de su bienestar», dijo Vargas.
A criterio del exmilitar, no solo se trata de quitar territorios controlados y luego salir de ellos, sino que es de tener presencia y control permanente para que el problema no regrese. No obstante se queja de la negativa mostrada por la izquierda en este tema.
«Los diputados no somos el Gobierno. Son ellos los que deben buscar una solución. De forma personal he querido aportar, como lo ha hecho el diputado Ávila, que también ha sido director de la Policía Nacional Civil, pero son ellos (el Gobierno) los que al final deciden cómo llevan el tema», lamentó.
«Eso ya se está haciendo»
El subjefe de fracción del FMLN, Schafic Handal, desacreditó la propuesta planteada recordando que desde el Gobierno central se están haciendo los esfuerzos necesarios y que hay resultados palpables.
«Lo que a veces se busca es manipular este tema que tanto afecta al pueblo», dijo Hadal quien consideró que este tipo de temas surgen cuando se acercan periodos electorales.
«Lo que habla ese documento es lo que se está haciendo. Acabamos de ver las noticias sobre el golpe que se le ha dado a la MS, se ha golpeado financieramente y con detenciones, se está trabajando en eso. El Gobierno tiene un plan de trabajo y se está trabajando de forma conjunta», agregó Handal.
El legislador consideró que el problema de la delincuencia se debe ver de forma apolítica, en favor de la gente, ya que de lo contrario no se llegará a nada y se limitará al periodo electoral.
El próximo martes se va a someter a discusión la propuesta en la comisión de Justicia y Seguridad con la idea de obtener un dictamen favorable para que en la plenaria del próximo jueves se apruebe una vigencia de 12 meses, luego de su publicación en el Diario Oficial, y con periodos de 12 meses prorrogables hasta obtener los resultados perseguidos por la ley.
Por: Jorge Carbajal/ El Salvador Times
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
