Política
ARENA y GANA se unen para trabajar en ley de recuperación de territorio ocupado por pandillas que FMLN califica como manipuladora
La lucha del Estado contra las pandillas es el primer punto de discusión entre los diputados de la Asamblea Legislativa en la previa de las elecciones presidenciales, mientras la oposición trabaja en una ley creada por GANA para recuperar terreno donde acechan las estructuras criminales el oficialismo los acusa de manipuladores para sacar raja de un tema sensible para la población.
A mediados de la semana que finaliza, Osiris Luna se plantó frente a la recepción de correspondencia para presentar una propuesta de seguridad diferente a la de pena de muerte con la que el expartido naranja ha insistido desde hace varios años.
En la documentación esbozada en cuatro páginas, se entregó el trabajo de una mesa que tuvo la participación de ARENA para crear un edicto transitorio y así poder tomar control de zonas por al menos un año. Algo similar a las medidas extraordinarias en prisión pero esta vez apuntando a los delincuentes que están en libertad.
El FMLN sostiene que una política de este tipo en tiempos previos a las elecciones presidenciales busca sacar provecho para los respectivos candidatos presidenciales de los partidos de derecha ya que alegan que ya hay un plan de trabajo.
La propuesta presentada por Luna tiene objetivos, recursos a emplear en el proyecto, tipo de supervisión requerida para llevar el control de los avances, instituciones involucradas para llevar adelante el plan, operatividad y lineamiento sobre el tema de la reinserción social.
El diputado mocionante explicó que la iniciativa de su partido no busca ganancias políticas, sino que lo hacen por el beneficio de la población.»Lo hacemos por el clamor popular, por la inseguridad que está viviendo el país, por esa inseguridad que está golpeando duro a la sociedad», comentó.
La propuesta presentada en la iniciativa de ley tiene cinco ejes de trabajo para comenzar a tratar el problema. «La información se tiene, tanto la Policía como el Ejército tienen información recabada por sus oficinas de inteligencia, saben donde están los delincuentes, quienes son, por donde se debe entrar, pero no se hace nada», lamentó Luna.
Experiencia en otros países
El plan tiene como base la experiencia de proyectos similares que el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, ha ejecutado y supervisado en países como Argentina, Brasil, México y Los Ángeles, Estados Unidos.
«En este tema no se a avanzado nada, y si el gobierno no lo quiere reconocer, es la población la que debe exigir. Es el gobierno el responsable de la seguridad del Estado, de las personas, de sus bienes y de su bienestar», dijo Vargas.
A criterio del exmilitar, no solo se trata de quitar territorios controlados y luego salir de ellos, sino que es de tener presencia y control permanente para que el problema no regrese. No obstante se queja de la negativa mostrada por la izquierda en este tema.
«Los diputados no somos el Gobierno. Son ellos los que deben buscar una solución. De forma personal he querido aportar, como lo ha hecho el diputado Ávila, que también ha sido director de la Policía Nacional Civil, pero son ellos (el Gobierno) los que al final deciden cómo llevan el tema», lamentó.
«Eso ya se está haciendo»
El subjefe de fracción del FMLN, Schafic Handal, desacreditó la propuesta planteada recordando que desde el Gobierno central se están haciendo los esfuerzos necesarios y que hay resultados palpables.
«Lo que a veces se busca es manipular este tema que tanto afecta al pueblo», dijo Hadal quien consideró que este tipo de temas surgen cuando se acercan periodos electorales.
«Lo que habla ese documento es lo que se está haciendo. Acabamos de ver las noticias sobre el golpe que se le ha dado a la MS, se ha golpeado financieramente y con detenciones, se está trabajando en eso. El Gobierno tiene un plan de trabajo y se está trabajando de forma conjunta», agregó Handal.
El legislador consideró que el problema de la delincuencia se debe ver de forma apolítica, en favor de la gente, ya que de lo contrario no se llegará a nada y se limitará al periodo electoral.
El próximo martes se va a someter a discusión la propuesta en la comisión de Justicia y Seguridad con la idea de obtener un dictamen favorable para que en la plenaria del próximo jueves se apruebe una vigencia de 12 meses, luego de su publicación en el Diario Oficial, y con periodos de 12 meses prorrogables hasta obtener los resultados perseguidos por la ley.
Por: Jorge Carbajal/ El Salvador Times
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
