Política
ARENA interpela a Gustavo Escalante luego de suspenderlo de las reuniones de los organismos del partido
El Tribunal de Primera Instancia del partido ARENA, a petición del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y de la Comisión Política (COPOL) ha mandado a llamar, de nuevo, al diputado Gustavo Escalante para interpelarlo.
Escalante es uno de los cuatro diputados que criticó duramente a su partido y denunció que junto con Milena Mayorga, Arturo Magaña y Felissa Cristales, se les está excluyendo de las reuniones de fracción.
El partido señala a Escalante de “incumplir el código de ética y reglamentos, cometer, por parte de autoridades y demás miembros del partido conductas indebidas que comprometen los intereses o el prestigio del partido, dañar el honor, a la intimidad personal y propia imagen de las autoridades y miembros del partido, desacreditar los procesos internos que desarrolle el partido”, según se puede constatar en los estatutos.
Por los señalamientos, Escalante ha sido llamado a compadecer el martes nueve de julio a las seis de la tarde a un hotel capitalino ante los miembros del Tribunal de Primera Instancia.
Dicho Tribunal está constituido por el presidente honorario de la institución, que sería Alfredo Cristiani por haber sido presidente de la República; Rolando Alvarenga, actual presidente del COENA luego de la dimisión de Mauricio Interiano; uno de los fundadores, Carlos Reyes en su calidad de jefe de fracción tricolor en la Asamblea y un miembro designado por todos los sectores.
Por los señalamientos, el partido ha pedido al legislador que “se abstenga de participar en las reuniones de los organismos del partido las que por derecho propio pertenece, incluidas aquellas reuniones donde se convoca al grupo parlamentario de ARENA, mientras dure el presente proceso”, se lee en la misiva con fecha del 27 de junio.
Los estatutos del partido contemplan una serie de sanciones de proporción con la falta cometida, uno de ellos, el artículo 138 recoge las sanciones a las que Escalante se enfrenta de ser encontrado culpable.
El diputado podría ser sancionado con la suspensión del ejercicio de sus derechos como miembro del partido hasta tres años, además quedaría inhabilitado para optar a cargos de autoridad o cargos de elección popular por el período que fueron sancionado
El diputado confirmó su asistencia en su cuenta oficial de Twitter donde colgó el citatorio.
El funcionario señaló que asistirá por respeto a los estatutos y la Ley de partidos políticos, al tiempo en que reiteró su posición.
“Con la certeza de que mi posición es correcta ante el abuso de poder, confirmo mi presencia para el día martes, como muestra de respeto a la ley de partidos políticos y a los estatutos de mi partido, cosa de las cuales ellos carecen.”, tuiteó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
