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$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
El Código Procesal Penal es parte de las cinco leyes secundarias que fueron homologadas para la imposición de la condena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, tras la ratificación en el congreso de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República.
La modificación al Código se aprobó el jueves anterior, para que no riña con el marco constitucional, tal como se hizo con el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y la Ley Penal Juvenil.
Para que el Código Procesal Penal tenga los alcances requeridos se intercaló entre los artículos 51 y 52 el artículo 51-A, creando los Juzgados de lo Criminal, que serán los encargados de procesar los casos de adultos y menores.
«Los Juzgados de lo Criminal tendrán la competencia exclusiva para el conocimiento y decisión de los procesos que se inicien en contra de los adultos y menores de edad, por la comisión de delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz y violación agravada», establece parte del 51-A.
Añade que estos tribunales «serán los encargados de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas que impongan en el ejercicio de sus competencias, así como la revisión de la pena perpetua y al régimen de libertad controlada», las cuales serán atribuciones designadas por la Corte Suprema de Justicia a jueces de Vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena.
La reforma también hace referencia a la creación de Cámaras de lo Criminal, cuya función será conocer «los incidentes de impugnación» que surjan de un procedimiento especial.
Como parte de las modificaciones se reguló el artículo 331 para evitar medidas alternas a la detención en el caso de homicidas, violadores, terroristas y otro tipo de criminales.
«No se procederá a aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional en los delitos: homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual (…) y delitos cometidos por miembros de grupos de terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal», quedó normado en el segundo inciso.
Para Rafael Góchez, escritor y docente, las reformas tienen como finalidad que homicidas, violadores y terroristas no salgan a delinquir.
«Se establece más que como un mecanismo disuasivo, pensado en incapacitar a esta persona (delincuente) para que en un futuro no pueda volver a la sociedad», sostuvo Góchez en la entrevista A:M de canal 10
La Dirección General de Protección Civil reportó hoy que atendieron emergencias por el derribo de cuatro árboles, una vía obstruida, una anegada y una vivienda inundada como parte de las incidencias a raíz de la tormenta eléctrica que cayó la noche del martes en los departamentos de La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente.
De acuerdo al detalle reportado por Protección Civil, dos árboles se desplomaron en el distrito de Ilobasco, en Cabañas Oeste, uno en el distrito de Aguilares en San Salvador Norte y uno en San Rafael Cedros en Cuscatlán Sur.
Al mismo tiempo la institución reportó que una calle quedó obstruida debido a caída de un árbol en Ilobasco, mientras que una vía terminó inundada en el distrito de San Marcos en San Salvador Sur y una vivienda inundada, también en San Marcos.
Durante el periodo de las lluvias, Protección Civil mantuvo un constante monitoreo en diferentes zonas, sobre todo las más vulnerables, para atender cualquier emergencia.
«Nuestro Equipo Táctico Operativo realiza monitoreo preventivo debido a las lluvias de las últimas horas en la comunidad Darío González, San Salvador Centro», fue uno de los informes de Protección Civil, acompañado por imágenes del personal, atento a cualquier incidente. Protección ha habilitado los números 2281-0888 y 7070-3307 para reportar cualquier incidente.
El Observatorio Nacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó lluvias moderadas y fuertes en distintos puntos de El Salvador. La institución detalló que en algunas zonas, las tormentas fueron acompañadas por vientos de hasta 35 kilómetros por hora.
Según el último pronóstico las lluvias continuarán esta tarde en la cordillera volcánica y en la zona montañosa norte. Por la noche, se prevé que las tormentas se desplacen al Área Metropolitana de San Salvador.
Una niña de 13 años murió por ahogamiento en la playa Poza Verde, en San Miguel Tepezontes, departamento de La Paz, informó la Dirección General de Protección Civil.
El fatal percance ocurrió el martes 31 de marzo.
«Como Dirección General de Protección Civil lamentamos informar el fallecimiento de una menor de edad por asfixia por inmersión en la playa Poza Verde, distrito de San Miguel Tepezontes, La Paz Centro», comunicó la institución.
Protección Civil detalló que la Unidad de Guardavidas ejecutó todos los protocolos de reanimación en el lugar, sin embargo, la víctima no sobrevivió.
Este es el segundo fallecimiento de una menor de edad por ahogamiento en el marco del Plan Verano 2026, ya que el pasado sábado 28 de marzo, Cruz Verde informó sobre el caso de una niña de un año, que murió al caer en un canal de agua ubicado en el caserío El Astillero, cantón Flor Amarilla, Ciudad Arce.
Su cadáver fue recuperado por las autoridades siete kilómetros de distancia de la zona donde fue reportada como desaparecida.
En tanto el pasado 29 de marzo, un joven de 19 años falleció ahogado en el río Quezalapa, ubicado en el cantón Ajuluco, en el distrito de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, comunicó Cruz Verde Salvadoreña.
Edgar Steven García, ingresó al agua y posteriormente desapareció. El personal de la referida institución de socorro seccional Ilobasco inició un operativo de búsqueda junto a habitantes de la zona.
Tras varias horas de rastreo localizaron el cadáver.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, pide a la población que disfrute con responsabilidad este período vacacional y acaten todas las recomendaciones que brinda su institución.
