Judicial
“Usted con una llamada a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, amenazaron hermanos que intentaban secuestrar a un niño
Amenazas de muerte y secuestro de uno de sus hijos fue el ultimátum que recibieron dos mujeres de parte de dos hermanos que llegaron a su vivienda.
Un hombre y su hermano amenazaron con hacer desaparecer a la familia de su expareja en momentos en los que intentaban secuestrar a un menor de edad quien es hijo de uno de ellos.
Según el expediente judicial, el 29 de marzo de 2017, Ronald y Edwin llegaron de forma violenta a la casa de Maritza y su madre Marisol (nombre modificados por seguridad) algo que provocó una fuerte discusión.
Los fuertes golpes que Edwin le daba a la puerta provocaron que Marisol saliera, en tanto, Maritza optó por esconderse junto a su hijo en un cuarto de la vivienda ubicada en San Salvador.
El hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogras, exigió hablar con su expareja ante lo que su exsuegra le recalcó que no iba a ser recibido y que se fuera del lugar en el que el escándalo era evidente.
Molesto, Edwin insistía en hablar con Maritza ya que de no hacerlo la mataría: “¡Cuando vea a su hija en la calle le cortó la cabeza y a la puerta de su casa se la voy a venir a tirar!”, advirtió a los gritos el imputado.
Ante la amenaza, Marisol le volvió a solicitar que se fuera del lugar porque de lo contrario llamaría a la Policía. Al verse acorralado, Edwin recurrió a su hermano quien le recordó a la mujer que el padre de ambos estaba recluido en un centro penal.
“Usted con una llamada trae a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, sentenciaron los hermanos. Pese al temor, las mujeres no desistieron y llamaron a los agentes para que las auxiliaran.
Sin embargo, los dos hombres se fueron de la casa y cuando todo se tranquilizó las mujeres salieron hacia la delegación a interponer la denuncia por lo sucedido. “Él exigió en llevárse al niño pero no quisimos, y respondió con palabras soeces”, dijo la madre en su declaración ante las autoridades.
En tanto la expareja de Edwin justificó su separación del hombre a quien calificó como «una mala persona y no es la que yo conocí. Ahora es una callejero que no estudia y anda todo tatuado y con los muchachos».
El reporte policial señaló que minutos después de interpuesta la denuncia, los agentes de la zona desarrollaron un operativo que dio como resultado la captura de ambos sujetos quienes son señalados por el delito de amenazas.
Días después de la captura, las mujeres recibieron la visita de sujetos desconocidos que les exigieron que quitaran la denuncia porque de lo contrario secuestrarían al niño por lo que sintieron temor de seguir desarrollando el proceso.
No obstante, el caso ha llegado a la etapa del juicio que será desarrollado por el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador en una fecha que está próxima a conocerse.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
