Judicial
“Usted con una llamada a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, amenazaron hermanos que intentaban secuestrar a un niño
Amenazas de muerte y secuestro de uno de sus hijos fue el ultimátum que recibieron dos mujeres de parte de dos hermanos que llegaron a su vivienda.
Un hombre y su hermano amenazaron con hacer desaparecer a la familia de su expareja en momentos en los que intentaban secuestrar a un menor de edad quien es hijo de uno de ellos.
Según el expediente judicial, el 29 de marzo de 2017, Ronald y Edwin llegaron de forma violenta a la casa de Maritza y su madre Marisol (nombre modificados por seguridad) algo que provocó una fuerte discusión.
Los fuertes golpes que Edwin le daba a la puerta provocaron que Marisol saliera, en tanto, Maritza optó por esconderse junto a su hijo en un cuarto de la vivienda ubicada en San Salvador.
El hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogras, exigió hablar con su expareja ante lo que su exsuegra le recalcó que no iba a ser recibido y que se fuera del lugar en el que el escándalo era evidente.
Molesto, Edwin insistía en hablar con Maritza ya que de no hacerlo la mataría: “¡Cuando vea a su hija en la calle le cortó la cabeza y a la puerta de su casa se la voy a venir a tirar!”, advirtió a los gritos el imputado.
Ante la amenaza, Marisol le volvió a solicitar que se fuera del lugar porque de lo contrario llamaría a la Policía. Al verse acorralado, Edwin recurrió a su hermano quien le recordó a la mujer que el padre de ambos estaba recluido en un centro penal.
“Usted con una llamada trae a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, sentenciaron los hermanos. Pese al temor, las mujeres no desistieron y llamaron a los agentes para que las auxiliaran.
Sin embargo, los dos hombres se fueron de la casa y cuando todo se tranquilizó las mujeres salieron hacia la delegación a interponer la denuncia por lo sucedido. “Él exigió en llevárse al niño pero no quisimos, y respondió con palabras soeces”, dijo la madre en su declaración ante las autoridades.
En tanto la expareja de Edwin justificó su separación del hombre a quien calificó como «una mala persona y no es la que yo conocí. Ahora es una callejero que no estudia y anda todo tatuado y con los muchachos».
El reporte policial señaló que minutos después de interpuesta la denuncia, los agentes de la zona desarrollaron un operativo que dio como resultado la captura de ambos sujetos quienes son señalados por el delito de amenazas.
Días después de la captura, las mujeres recibieron la visita de sujetos desconocidos que les exigieron que quitaran la denuncia porque de lo contrario secuestrarían al niño por lo que sintieron temor de seguir desarrollando el proceso.
No obstante, el caso ha llegado a la etapa del juicio que será desarrollado por el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador en una fecha que está próxima a conocerse.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
