La Fiscalía General de la República (FGR), informó que se logró la condena de 15 años seis meses de prisión contra Óscar Humberto Diaz Girón, por el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima que goza de medidas de protección con clave “Zeta 2019”.

En la audiencia realizada en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, y después del desfile probatorio realizado la representación fiscal tales de tipo documental, pericial y testimonial de la víctima. El juzgador resolvió imponer a Óscar Humberto Diaz Girón, la pena de 15 años seis meses de prisión.

De acuerdo a la relación de los hechos el 2 de agosto de 2019, el imputado le salió al paso a la víctima portando un arma de fuego con la cual amenazó con matarlo junto con su familia, si no le entregaba US$300.00, a lo que la víctima por el miedo le manifestó que le iba a entregar solo US$150.00, que era lo que en ese momento llevaba y que el resto se los daría en otra ocasión, a lo que el imputado le dijo que se los depositara en una cuenta que proporcionaría posteriormente y dentro de tres días tendría que depositarle.

Luego en horas de la tarde de ese mismo día, la víctima encontró una hoja de papel con número de una cuenta bancaria donde decía que a ese número le depositara el dinero, lo cual accedió la víctima en depositar los restantes US$150.00.

Posteriormente le dan seguimiento al imputado, quien fue detenido en flagrancia, realizándole una requisa personal, encontrándose en su poder el dinero producto del delito de Extorsión, es identificado como Óscar Humberto Diaz Girón, los agentes proceden a leerle sus derechos y es llevado ante los tribunales para enfrentar a la justicia.

Diferentes jornadas de trabajo desarrollan los privados de libertad en fase de confianza, con el propósito de limpiar y mejorar la infraestructura de las diferentes comunidades del país.

Las obras se ejecutan en cumplimiento de las directrices dadas por el Presidente Nayib Bukele, en el marco del Plan Cero Ocio impulsado por la Dirección General de Centros Penales.

El propósito es que los reos hagan labores para el beneficio de la población y evitar de esta manera el ocio carcelario.

Entre los trabajos que desempeñan los reclusos están los ejecutados en la comunidad 15 de Septiembre Oriente en San Antonio Abad, al norte de San Salvador. En esa comunidad los privados de libertad ejecutan poda y corte de ramas que están a punto de caer en las casas cercanas.

Otro grupo de internos ha iniciado otra jornada de limpieza y tala de árboles que amenazan con caer en viviendas de la final calle “El Granjero 2”. Los trabajos benefician a 150 familias que habitan en el sector.

Para desempeñar labores similares fueron desplegados 46 privados de libertad en el complejo educativo Eduardo Guirola, situado en el cantón Melara, del municipio de La Libertad. “Son 812 alumnos desde parvularia hasta bachillerato los beneficiados, además de los maestros”, detalló el director general de Centros Penales.

Las autoridades penitenciarias están empeñadas en que los internos no pasen desocupados, aprendan algún oficio y se dediquen a generar la sostenibilidad en los centros penales.

Con el aprendizaje adquirido en los recintos penitenciarios, los reos que salgan en libertad podrán tener herramientas suficientes para trabajar, además de tener el hábito y disciplina laboral que les permitirá convertirse en personas de bien para la sociedad.

El viceministro de Seguridad Pública Ad honorem, y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que la corporación trabaja en estricto apego a la ley, y todas las actuaciones son legales. 

“Como institución policial todas las actuaciones policiales han sido y son enmarcadas en base a la Constitución, las leyes secundarias y con estricto apego al respeto a los derechos humanos”, dijo Arriaza Chicas.

El funcionario permaneció por pocos minutos en la comisión especial de Antejuicio en la Asamblea Legislativa, donde es investigado luego de haber sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), del delito de incumplimiento de deberes.

Arriaza Chicas llegó para formar parte de la Comisión Especial de Antejuicio para defenderse de los señalamientos de la Fiscalía.  Tras establecer el quórum, los diputados de la Asamblea le advirtieron al viceministro de Seguridad que no tendrían uso de la palabra, por lo tanto decidió retirarse.

“Nuestras actuaciones han sido en base a la ley, no han sido actuaciones ilegales, como algunos lo han intentado mostrar”, señaló.