Sucesos
VIDEO: IMÁGENES SUSCEPTIBLES: En un acto de barbarie hombre acaba con varios perros en un rancho de playa
Durante las últimas horas ha circulado un nuevo caso de maltrato animal en redes sociales, del cual ya se ha pronunciado el gobierno, a través del ministerio de Agricultura y Ganadería, la Policía Nacional Civil, y diferentes instituciones y entidades pro animal, ya que la barbarie de este hecho ha causado indignación.
Se trata de un hombre que fue captado mientras acaba con la vida de varios perros en un predio que es parte del rancho de playa de un banco, el cual está ubicado en la playa Costa del Sol, en La Paz.
El hombre fue denunciado ante las autoridades policiales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, instituciones que enviaron equipos para inspeccionar lo ocurrido en el lugar.
La fundación Huellitas de El Salvador identificó al hombre como Wilfredo Marroquín, quien sería empleado por una empresa subcontratada por el banco Cuscatlán, el cual publicó un comunicado.
Por su parte, la Cruz Roja Salvadoreña emitido un comunicado haciendo referencia a que el hombre vinculado del caso dejó de ser voluntario de la entidad de socorro en 2015.
COMUNICADO DE PRENSA
Viernes 27 de diciembre del 2019 Cruz Roja Salvadoreña, como institución humanitaria, comunica a la población en general, ante denuncias de maltrato animal en redes sociales:
- Lamentamos el caso inhumano de como una persona da muerte a perritos en un rancho privado de la Costa del Sol.
- Wilfredo Enrique Marroquín Herrera, vinculado al caso en mención, dejó de ser voluntario activo de Cruz Roja Salvadoreña desde el 2015.
- Por lo tanto, como Cruz Roja Salvadoreña nos desvinculamos de las acciones realizadas por Wilfredo Marroquín a quien se le acusa de matar perros sin hogar.
- Por último, ratificamos nuestro compromiso de hacer cumplir con los Siete Principios Fundamentales de la institución y hacemos del conocimiento que a través de la filial de Cruz Roja de la Juventud se ejecutan proyectos para la protección de los perritos en coordinación con organizaciones que velan por el rescate y cuidado animal.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
