Sucesos
VIDEO: IMÁGENES SUSCEPTIBLES: En un acto de barbarie hombre acaba con varios perros en un rancho de playa
Durante las últimas horas ha circulado un nuevo caso de maltrato animal en redes sociales, del cual ya se ha pronunciado el gobierno, a través del ministerio de Agricultura y Ganadería, la Policía Nacional Civil, y diferentes instituciones y entidades pro animal, ya que la barbarie de este hecho ha causado indignación.
Se trata de un hombre que fue captado mientras acaba con la vida de varios perros en un predio que es parte del rancho de playa de un banco, el cual está ubicado en la playa Costa del Sol, en La Paz.
El hombre fue denunciado ante las autoridades policiales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, instituciones que enviaron equipos para inspeccionar lo ocurrido en el lugar.
La fundación Huellitas de El Salvador identificó al hombre como Wilfredo Marroquín, quien sería empleado por una empresa subcontratada por el banco Cuscatlán, el cual publicó un comunicado.
Por su parte, la Cruz Roja Salvadoreña emitido un comunicado haciendo referencia a que el hombre vinculado del caso dejó de ser voluntario de la entidad de socorro en 2015.
COMUNICADO DE PRENSA
Viernes 27 de diciembre del 2019 Cruz Roja Salvadoreña, como institución humanitaria, comunica a la población en general, ante denuncias de maltrato animal en redes sociales:
- Lamentamos el caso inhumano de como una persona da muerte a perritos en un rancho privado de la Costa del Sol.
- Wilfredo Enrique Marroquín Herrera, vinculado al caso en mención, dejó de ser voluntario activo de Cruz Roja Salvadoreña desde el 2015.
- Por lo tanto, como Cruz Roja Salvadoreña nos desvinculamos de las acciones realizadas por Wilfredo Marroquín a quien se le acusa de matar perros sin hogar.
- Por último, ratificamos nuestro compromiso de hacer cumplir con los Siete Principios Fundamentales de la institución y hacemos del conocimiento que a través de la filial de Cruz Roja de la Juventud se ejecutan proyectos para la protección de los perritos en coordinación con organizaciones que velan por el rescate y cuidado animal.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
