Sucesos
Mujer denunció a dos agentes de la PNC por robarle $500 en una requisa y ahora ella es amenazada desde una cuenta de Facebook
Angustia y zozobra es lo que una estilista ha tenido que vivir luego de interponer una denuncia en contra de dos agentes de élite de la Policía Nacional Civil (PNC), quien son acusados de robarle $500 en efectivo, luego de estos realizaran una requisa en su vivienda. Asegura que ha recibido amenazas de una página de Facebook manejada por supuestos policías.
Liney es una estilista y tiene un pequeño negocio en una residencia privada en Apopa. Su vida era tranquila hasta que una noche le abrió la puerta a un grupo de elementos de la Sección Táctica Operativa (STO) que venían acompañados de un investigador. Ellos entraron apuntando con sus armas y cubiertos del rostro. Liney contó a El Salvador Times lo que sucedió esa noche.
Era la noche del 27 de febrero del 2017, el reloj marcaba las 12:30 de la media noche. Todo estaba en absoluto silencio, ella y su esposo dormían junto con su hijo en una de las recamaras de la casa. “¡Abra la puerta, Policía!”, se escuchó desde afuera mientras la puerta era golpeada con fuerza recuerda la estilista.
Sin mostrarle ninguna hoja de la requisa, asegura, entraron y comenzaron a derrumbar todo lo que encontraban a su paso provocándole un gran desorden en toda la vivienda. Luego de registrar la sala, mismo lugar donde está la peluquería, se dirigieron hacia la habitación de donde duerme con su esposo y su hijo, mientras otro de ellos daba vigilancia desde la entrada.
La mujer asegura que ahí entró un STO y el investigador, comenzaron a revisar de arriba hacia abajo hasta que este último abrió un cajón de un ropero donde observó una billetera, la tomó, la palmó y luego la aventó a la cama de la habitación. Todo esto ocurrió mientras Liney miraba, pero a los pocos minutos ella se dio la vuelta y se sentó en un sillón que estaba cercano perdiendo de vista a los dos hombres.
Recuerda que todo aquello era un desastre, dentro de su casa había pasado un tornado que nunca imagino. Los agentes no encontraron nada por lo que decidieron retirarse de la casa; posteriormente, el investigador le mostró una carta donde explicaba las razones de tal requisa: buscar armas y drogas; ya que, según sus investigaciones, la zona era escondite de pandilleros. Acusación que ella niega, debido a que asegura están en zona privada.
Los $500, las amenazas y la FGR
Cuando la PNC salió de su casa, ella y su esposo se sintieron sosegados. Sin embargo, ese sentimiento no les duró mucho, ya que al entrar al cuarto vio que la billetera donde guardaba cinco billetes de $100, estaba en un lugar distinto de donde la había dejado el agente. Además, estaba con el cierre abierto: “¡Nos robaron!”, le gritó a su esposo. “¡Nos robaron!”, continuó diciendo.
Molesta, salió de su casa y comenzó a seguir al grupo que revisó su casa. “Nosotros le abrimos la puerta y los dejamos trabajar”, reclamó la mujer. Aquellos hombres vestidos de negro y encapuchados la vieron y ninguno se hizo responsable, su respuesta fue: “Busque otra vez, porque ahí tiene que estar”, pero ella no estaba convencida de eso.
La discusión se prolongó por varias horas. Fue hasta que llegó un superior que se acercó a la mujer y le mostró los documentos de identidad de los que habían entrado a su casa y le sugirió que fuera a la Fiscalía General de la República (FGR) a colocar una denuncia por el delito de robo. Así fue. Pero el tiempo trascurrió y no pasó a más.
Fue hasta el 7 de octubre cuando estaba revisando la página de Facebook de su negoció que vio un mensaje de una cuenta denominada “Vengador Azul”, donde le decían: “Tú tienes topados a unos camaradas solo por puros chambres; es de pensar bien las cosas todo puede dar vuelta”. En la foto de perfil de esa página se puede ver tres sujetos con armas y vestidos de negro, inmediatamente lo relacionó con el caso de los agentes que había denunciado.
Ella acudió con la fiscal que lleva su caso. Sin embargo, Liney aseguró que esta se mostró indiferente y le sugirió conciliar con los hombres, pero se negó; tenía claro lo que quería: que le devolvieran el dinero. Al verse abandonada por la primera representante, decidió llevarle el caso a otra fiscal, quien se extrañó del actuar de su compañera.
Ahora ella señala que está a la espera que inicie el proceso judicial en contra de los policías para que le devuelvan el dinero, mientras tanto ha tomado medidas de seguridad para resguardar su vida y la de su familiares.
Fotografía de referencia
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
