Sucesos
Monja acusada de maltrato a niños de parvularia en colegio San Luis queda en libertad
El Ministerio de Educación (MINED) emitió una resolución favorable al caso de las monjas que fueron acusadas por padres de familia de maltratar a niños de parvularia en el Centro Escolar Católico “San Luis”, ubicado en Cuscatancingo.
En este caso se habló con la monja directora del centro educativo, quien expresó que tras la publicación el Mined atendió con prioridad el caso para resolver a favor de las autoridades del centro educativo.
Según la documentación, la directora y la profesora que fueron señaladas no cometieron ningún tipo de infracción, según lo determinado por personal del Departamento de Acreditación Institucional del Mined.
Luego de recibir el fallo, las autoridades dieron a conocer la noticia mediante un comunicado en el que informaban a los padres de familia sobre la situación de la cual ya tiene conocimiento las autoridades Congregacionales en México.
Además, reiteraban su disposición de atender cualquier inquietud que pudiera surgir a los padres que tienen a sus hijos en ese centro escolar.
En un primer momento, este medio, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), corroboró la existencia de dicha denuncia y solicitó posteriormente la resolución del caso, pero la plataforma de transparencia del Mined no funciona.
El caso
El pasado 13 de septiembre, este medio dio a conocer una denuncia realizada por un grupo de padres de forma anónima, quienes decían sentirse preocupados por las acciones de la monja directora de parvularia, pues según ellos maltrataban a los niños.
Madres de familia que tienen a sus hijos estudiando en ese centro escolar manifestaron estar preocupadas por las acciones que la monja, quien tenía el cargo de directora de parvularia, ha cometido contra varios niños. Las madres sostienen que la monja, junto a dos personas más, maltrataban a los niños.
“Ellas no dejaban comer a los niños si no terminaban las cosas antes de salir a recreo y si terminaban durante el receso, tampoco los dejaban. Varias veces llevó mi hija la comida de regreso a la casa”, contó una madre a este periódico.
Tras conocer lo que dentro de la institución estaba sucediendo, un grupo de padres de familia decidieron realizar una queja formalmente ante las autoridades.
Fuentes de cercanas al caso afirmaron que la manera en la que actuaban las monjas no era el indicado. Entre los señalamientos aseguran que lo estricto del centro escolar católico “San Luis”, lejos de ser una disciplina educativa es un atropello para los menores que están pagando mensualmente por la educación que ahí se les brinda.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
