Sucesos
FOTOS | HISTORIA: Miembros de Cruz Roja consternados por el crimen de su compañero Jesús A. Guevera, asesinado el pasado jueves
Jesús Antonio Alas Guevara, de 40 años de edad, se alistó la mañana de jueves para ir a trabajar y decidió ponerse la camisa del Barcelona por en el gane del partido contra el Liverpool en la Champions, sin imaginar que sería su último atuendo. El socorrista de profesión se había ganado a pulso su prestigio en la Cruz Roja, pues ahí atendió 22 partos y miles de emergencias por más de dos décadas que le dedicó a la institución.
Según los datos de la Dirección de Voluntariado y Seccionales de la Cruz Roja, Alas llevaba 21 años siendo socorrista de esa entidad y en todo ese tiempo estuvo destacado en la seccional de Guazapa. Su trabajo había logrado que lo nombraran jefe de brigada y desde ahí había ayudado a miles de personas en su labor altruista, de hecho era uno de los conductores asignados de la ambulancia.
Como jefe, tomaba su turno desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del siguiente día. Uno de sus compañeros detalla que después de brindar su servicios en la seccional de la Cruz Roja, se iba a trabajar en el área de producción de la empresa Lemus, una reconocida ferretería del país.
Carlos López Mendoza, vocero de prensa de Cruz Roja, cuenta que él participaba en todas las actividades que se realizaban y en cuanto al trabajo estaba presto a realizar la tarea que le encomendaban. «Por votación fue elegido líder y en su turno, era responsable y muy disciplinado», dijo Mendoza.
De hecho, sus compañeros cuentan que tenía una destacada experiencia en partos, pues a lo largo de su carrera ayudó a 22 mujeres a traer a sus hijos al mundo, era un trabajo que sabía al dedillo.
«Estamos consternados por la situación y estamos haciendo conjeturas de por qué lo mataron. Nosotros siempre aplicamos nuestros siete principios, especialmente el de imparcialidad, humanidad y neutralidad, es decir Cruz Roja auxilia a personas no importando su credo político o religioso, sin diferenciación de sexo, raza o color de piel», dijo el vocero.
Por su parte, un compañero socorrista de Alas de la seccional de Guazapa lo calificó como una persona tranquila, muy apartado y que no buscaba problemas con nadie. «Nos hemos quedado admirados por su muerte, no sabemos aún porqué lo mataron», señaló.
Alas llegó a la institución en 1998 y desde entonces se enamoró de la labor socorrista. «Perdemos a un gran elemento con mucha experiencia, la trayectoria hace el conocimiento», expresó el compañero de trabajo del socorrista asesinado.
Hijo huérfano y en proceso de divorcio.
Tras el asesinato, a Alas le sobrevive un hijo de ocho años que deja en orfandad. El socorrista se había separado de la madre y se encontraban en proceso de divorcio.
Luego de la separación de su esposa, ambos quedaron bajo la custodia del hijo. En ese sentido, el socorrista veía al niño los días viernes, sábado y domingo y el lunes tenía que regresarlo donde su madre.
Actualmente, el también trabajador de la empresa Lemus estaba viviendo junto a sus padres y demás familiares en la vivienda.
«Era muy sociable, buscaba aconsejar a los jóvenes y pertenecía al Tabernáculo Bíblico Bautista de Guazapa, lugar donde velarán sus restos», dijo uno de los compañeros.
Solicitan investigaciones
La Cruz Roja lamentó el crimen y reiteraron que el hecho no estaba relacionado a su labor como socorrista. Además pidieron a las autoridades un pronto esclarecimiento del hecho.
«Solicitamos a las autoridades que investiguen y den con el delincuente para que se haga justicia y se determine por qué lo asesinaron. Tenemos una gran pérdida, no cualquiera da su tiempo por tantos años a una institución», demandó el compañero de Alas.
Ante esa petición, se consultó con la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la causa del crimen, y una fuente dijo que no se tenían una hipótesis clara de su asesinato, pero que ya se estaba investigando. Sin embargo, sostuvo que en la zona hay presencia de miembros el barrio 18 Revolucionarios.
Alas fue asesinado cuando caminaba sobre el kilómetro 24 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Guazapa en el departamento de San Salvador. El hecho fue reportado en la mañana del jueves.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
