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Sorteo dedicado a los 83 años de la Procuraduría General de la República
El evento se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Lotería Nacional, inició a la 1:20p.m. por Radio El Salvador 96.9 FM, Facebook live, YouTube y la página web www.lnb.gob.sv; luego se transmitió a través de Canal 10, en horario estelar de las 6:30 p.m.
Las palabras del Ing. Javier Milián, presidente de Lotería Nacional de Beneficencia, fueron las siguientes:«Gracias a nuestros clientes por recibir en el interior de sus hogares cada transmisión de los sorteos que realizamos con mucho esmero y dedicación cada miércoles«.
«Iniciamos el año 2022 con muchos anhelos y retos con los que la Lotería está comprometida: como la transparencia, credibilidad, el servicio a nuestros clientes y la innovación. Seguimos haciendo los esfuerzos necesarios para apoyar al Estado en obras de bienestar social que es fruto de la comercialización de nuestros productos», añadió.
«Este día es un miércoles de alegría, estamos celebrando un sorteo a una institución que defiende los derechos de las personas, la familia y la sociedad, además de promover y facilitar el acceso a la justicia para contribuir a la seguridad jurídica y social en El Salvador, me refiero a la Procuraduría General de la República, que desde el año 1,939 ha acompañado a los salvadoreños en la asistencia legal en grandes temas como la familia, niñez, adolescencia, penal, mediación, laboral, género entre otros», expresó.
Ahora con 83 años de existencia la Procuraduría es una institución pública y flexible que se ha adaptado a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en los diferentes momentos de la historia de nuestro país, por ello es reconocida como la única institución líder en servicios de mediación, legales y preventivo psicosocial de la sociedad salvadoreña.
Este sorteo es en el reconocimiento a la trayectoria de la Procuraduría por orientar sus servicios gratuitos al público en materia legal, psicosocial y resolución alterna de conflictos, bajo los más altos estándares de integridad en la atención a la población, promoviendo una cultura de paz y convivencia ciudadana, fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y los debidos procesos en el marco de la transparencia y la ética.
«Nos sentimos contentos de celebrar en el marco del 83 aniversario de la Procuraduría General de la República, por lo que esta semana circuló a nivel nacional los vigésimos de este sorteo, en los cuales está impreso el número de billete que este día tiene la oportunidad de llevarse el primer premio por $175,000 dólares», puntualizó el presidente de Lotería Nacional de Beneficencia.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
