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Seis municipios del departamento de San Salvador mantienen un nivel de riesgo “muy alto” por COVID-19: hay que continuar apostando a la prevención
El COVID-19 está en circulación en todo el territorio y en algunos departamentos hay municipios en donde se registra la mayor cantidad de casos de contagio, en gran medida porque estas zonas son de mayor concentración de la población.
Así, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele cuenta con un mapa de riesgo por COVID-19 en el que están identificados los diferentes niveles de contagio entre los pobladores.
En el caso en particular del departamento de San Salvador, de los 19 municipios que lo conforman, seis tienen la bandera roja de “muy alto”, con mayor cantidad de casos de contagio en comparación de otras zonas.
Los municipios con la bandera roja en San Salvador son: La capital con 11, 773 contagios de COVID-19 acumulados, Soyapango (6,631), Mejicanos (3,707), Ilopango (1,817), Apopa (1,563) y Ciudad Delgado (1,336).
Los equipos del Ministerio de Salud mantienen en vigor todas las acciones sanitarias de prevención y atención de los pacientes activos con el virus. El 80 % de personas que se contagia, no desarrolla sintomatología y hacen cuarentena en su casa hasta que el proceso completa al menos los 14 días.
En el caso de las personas contagiadas que desarrollan síntomas de leves a moderados, de igual forma hacen cuarentena en su casa y son monitoreados vía telefónica a través de un profesional de la salud por medio de una llamada cada día durante 14 días para determinar el estado de salud.
Los pacientes que presentan sintomatología más compleja con problemas, incluso para respirar, necesariamente deben acudir o son trasladados al hospital para recibir el tratamiento adecuado para su recuperación.
El Gobierno del Presidente Bukele tiene en vigor todas las estrategias sanitarias necesarias para el control de la pandemia y los resultados obtenidos a esta fecha son bastante buenos, con la menor cantidad de contagios y de letalidades en la región.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.
Manuel Adán Hernández Barrera, señalado como pandillero de la facción Revolucionarios de la pandilla 18 y con un amplio récord delictivo, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la corporación policial, Hernández Barrera tenía la función de gatillero dentro de la organización criminal, es decir, era el encargado de cometer homicidios y ejecutar ataques armados bajo las órdenes directas de los cabecillas de la pandilla.
Las autoridades lo vinculan con un historial delictivo por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer.
«Delinquía para la clica Shadows Park Locos, presumiendo los tatuajes de su pandilla, que en la actualidad se cubrió con otros diseños para intentar evadir la justicia», detalló la Policía.
Agentes policiales capturaron a Hernández Barrera durante un control vehicular, cuando se trasladaba por las inmediaciones del kilómetro 90½ de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Ahuachapán.
El detenido será remitido a un tribunal contra el crimen organizado por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a su pertenencia a la organización terrorista de la pandilla 18.
La Fiscalía General de la República lo acusará en un expediente único para que sea incluido en un proceso colectivo y enfrente la audiencia única en los próximos dos años.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Marcos, al sur de San Salvador, a Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, acusado de intentar asesinar a su compañera de vida, quien se encuentra en su cuarto mes de embarazo.
De acuerdo con la corporación policial, Martínez Mancía intentó asfixiar a la víctima sujetándola del cuello. Las autoridades señalaron que, durante la investigación, establecieron que el detenido se encontraba bajo los efectos de droga y que, por celos hacia su pareja, inició una discusión con ella, posteriormente la lanzó contra una pared y la amenazó de muerte.
«Intentó asfixiar a su compañera de vida sujetándola del cuello, la víctima se encuentra en su cuarto mes de embarazo», publicó la PNC tras efectuar la captura.
Según la Policía, la víctima logró evadir al agresor y pidió auxilio. Los agentes acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en la colonia San Antonio 4, en San Marcos, San Salvador Sur, donde procedieron con la detención de Martínez Mancía. La mujer fue trasladada a un hospital.
El imputado será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá un plazo máximo de 15 días para presentar la acusación. Según la PNC, será remitido inicialmente por el delito de intento de homicidio; sin embargo, el Ministerio Público podría procesarlo por intento de feminicidio agravado.
El caso será presentado ante un juzgado de lo criminal. De acuerdo con el texto, al acusado podrían aplicársele las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, que contemplan la cadena perpetua si llega a ser encontrado culpable en la etapa final del juicio.
