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Reiteran que Gobierno de El Salvador no tiene por qué dar privilegios a mareros
El medio de comunicación Infobae difundió una noticia señalando que el Gobierno cobra la alimentación que se brinda a los pandilleros que han sido capturados bajo el régimen de excepción.
Contrario a la reacción que se pudo haber esperado con dicho material, la de generar críticas hacia tal decisión gubernamental, casi la totalidad de comentarios por parte de los lectores fue de felicitación al Gobierno y de rechazo a una de las prácticas habituales en las administraciones de ARENA y FMLN: otorgar privilegios a los pandilleros capturados.
El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró que el Ejecutivo no debe tratar con privilegios a los detenidos.
«¿Y que acaso tienen una corona los mareros para que les estemos pagando todo?», cuestionó el legislador, y enfatizó que los beneficios que los pandilleros tenían en las cárceles habían terminado.
En gobiernos anteriores, varios funcionarios usaron las tiendas carcelarias para actos de corrupción, desviando fondos que debían reportarse como ingresos públicos por la venta de productos.
Durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, su propio ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y una veintena de personas más habrían desviado $14 millones de las tiendas penitenciarias por medio de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
Estos exfuncionarios están en fase de instrucción mientras se ventila el caso. Asocambio la integraban, entre otros, Ramírez Landaverde y Raúl López, ministro y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, respectivamente, del Gobierno de Sánchez Cerén.
Desde marzo de 2022 se aplica a escala nacional el régimen de excepción como instrumento para combatir a las pandillas, resultando en más de 64,000 delincuentes detenidos.
Los niveles de seguridad son históricos y la ciudadanía ahora puede transitar con más libertad entre colonias, sin que hacerlo implique peligro.
La Asamblea Legislativa ha prorrogado por undécima vez dicha medida, lo que permitirá que las instituciones de seguridad completen la extracción de los pocos pandilleros que aún podrían estar ocultos; el objetivo es que no quede ninguna estructura pandilleril que sirva para que puedan resurgir estos grupos criminales.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
