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Subsidio al gas ha beneficiado a 1.8 millones de salvadoreños
El Gobierno del presidente Nayib Bukele verifica que los precios del gas propano no sufran alzas injustificadas y no afecten la economía de las familias salvadoreñas.
Los trabajos de inspección son parte de un trabajo articulado que lleva a cabo la Defensoría del Consumidor (DC), la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), así como el Ministerio de Hacienda.
El titular de la DC, Ricardo Salazar, informó que continúan inspeccionando los diferentes establecimientos a escala nacional y desde finales de la semana pasada hasta la fecha, la institución ha realizado más de 200 verificaciones de precios.
«El Gobierno se encuentra trabajando de cara a cuidar el bolsillo de la población salvadoreña. El subsidio ha permitido que cerca de 1.8 millones de beneficiarios mantengan un precio accesible al cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)», afirmó Salazar.
Sumó que los trabajos de verificación de precios se han incrementado debido a que la semana pasada hubo un rumor que generó una serie de afectaciones en los consumidores.
«Debo de reiterar que el Gobierno del presidente Bukele mantiene su política de subsidio, no ha existido ninguna alteración al mecanismo de pago. En función de esto, hacemos un llamado a los consumidores a que exijan sus subsidios», reiteró.
Por otra parte, Salazar afirmó que, de no respetar los precios establecidos al cilindro de gas se iniciarán los procedimientos sancionatorios que pueden derivar en multas de hasta $10,000 a los establecimientos que no cumplan la ley .
También indicó que el subsidio permite que las familias salvadoreñas estén recibiendo el cilindro de 25 libras de GLP a un valor de $11.13.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
