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Recordamos la historia de Karina, la heroica enfermera que atendió sola a decenas de pasajeros tras un fatal accidente en San Vicente
La enfermera atendió a decenas de pacientes, niños, señoras y adultos, mientras llegaban los socorristas al accidente que dejó 40 heridos y un muerto.
Karina Jezabel salió de su trabajo de enfermera el lunes en la mañana encomendada a Dios. Abordó el autobús de la ruta 116 y se acomodó en el asiento de la ventana del lado derecho porque quería sentir la brisa fresca de la calle. Había llovizna y mucha bruma en la carretera que de San Vicente conduce a San Salvador.
Cuando empezaba a relajarse después de una larga noche de trabajo, sintió un estruendo en la parte baja del autobús. Era la caja de velocidades porque el motorista intentaba compresionar el bus, le habían fallado los frenos.
En segundos, el fuerte ruido se repitió y el motorista invadió el carril contrario. La enfermera se levantó del asiento y le vio la cara del motorista. Estaba tranquilo, recuerda.
Transcurrieron dos minutos aproximadamente y la velocidad de la máquina no bajó, al contrario, siguió un poco más rápido y empezó el caos. Todos los pasajeros, la mayoría mujeres, comenzaron a gritar y a pedirle al busero que parara la marcha. Era imposible.
Intentó levantarse de nuevo de su asiento pero el movimiento que realizó el autobús fue tan fuerte, que sintió la presión del asiento trasero en su espalda. Se tiró abajo y en segundos, el autobús impactó contra un poste del tendido eléctrico.
Era una locura. Habían gritos, pasajeros desangrando de todos lados. Algunos con ataques nerviosos y otros con desmayos.
Un pasajero que venía junto a ella voló la ventana de un golpe y saltó. Luego lo hizo ella y desde ese momento salió su espíritu de servicio. La enfermera no sentía sus golpes, pudo más la adrenalina y las ganas de ayudar.
La enfermera con tres años de experiencia y cinco de estudios, guardó la calma y empezó atender a todo el paciente que iba encontrando en su camino. A cuál más grave, niños, señoras, ancianos y otros. Batalló alrededor de diez minutos sola.
Paró hemorragias, tranquilizó niños, improvisó vendajes y llegó hasta donde el conductor del autobús. Era el paciente más grave junto con el cobrador.
Todos aseguraban que el motorista Sergio Arnoldo Montano, de 47 años, había muerto. Sin embargo, la profesional afirma que al evaluarlo le sintió que aún tenía signos vitales, pocos, pero tenía, asegura.
Lo estabilizó y en minutos Montano fue trasladado por la CruzRoja. Sin embargo, el motorista murió al llegar al hospital. Mientras que el cobrador sobrevivió al percance.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
