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Recordamos la historia de Karina, la heroica enfermera que atendió sola a decenas de pasajeros tras un fatal accidente en San Vicente
La enfermera atendió a decenas de pacientes, niños, señoras y adultos, mientras llegaban los socorristas al accidente que dejó 40 heridos y un muerto.
Karina Jezabel salió de su trabajo de enfermera el lunes en la mañana encomendada a Dios. Abordó el autobús de la ruta 116 y se acomodó en el asiento de la ventana del lado derecho porque quería sentir la brisa fresca de la calle. Había llovizna y mucha bruma en la carretera que de San Vicente conduce a San Salvador.
Cuando empezaba a relajarse después de una larga noche de trabajo, sintió un estruendo en la parte baja del autobús. Era la caja de velocidades porque el motorista intentaba compresionar el bus, le habían fallado los frenos.
En segundos, el fuerte ruido se repitió y el motorista invadió el carril contrario. La enfermera se levantó del asiento y le vio la cara del motorista. Estaba tranquilo, recuerda.
Transcurrieron dos minutos aproximadamente y la velocidad de la máquina no bajó, al contrario, siguió un poco más rápido y empezó el caos. Todos los pasajeros, la mayoría mujeres, comenzaron a gritar y a pedirle al busero que parara la marcha. Era imposible.
Intentó levantarse de nuevo de su asiento pero el movimiento que realizó el autobús fue tan fuerte, que sintió la presión del asiento trasero en su espalda. Se tiró abajo y en segundos, el autobús impactó contra un poste del tendido eléctrico.
Era una locura. Habían gritos, pasajeros desangrando de todos lados. Algunos con ataques nerviosos y otros con desmayos.
Un pasajero que venía junto a ella voló la ventana de un golpe y saltó. Luego lo hizo ella y desde ese momento salió su espíritu de servicio. La enfermera no sentía sus golpes, pudo más la adrenalina y las ganas de ayudar.
La enfermera con tres años de experiencia y cinco de estudios, guardó la calma y empezó atender a todo el paciente que iba encontrando en su camino. A cuál más grave, niños, señoras, ancianos y otros. Batalló alrededor de diez minutos sola.
Paró hemorragias, tranquilizó niños, improvisó vendajes y llegó hasta donde el conductor del autobús. Era el paciente más grave junto con el cobrador.
Todos aseguraban que el motorista Sergio Arnoldo Montano, de 47 años, había muerto. Sin embargo, la profesional afirma que al evaluarlo le sintió que aún tenía signos vitales, pocos, pero tenía, asegura.
Lo estabilizó y en minutos Montano fue trasladado por la CruzRoja. Sin embargo, el motorista murió al llegar al hospital. Mientras que el cobrador sobrevivió al percance.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
