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Presentan denuncia contra Nico Salume, Luis Elías Botto y René Colón por desobediencia a medida cautelar
El abogado Sergio Toruño, representante legal de Pulsem de C.V., una sociedad de economía mixta y cuyo accionista es la alcaldía de La Libertad, presentó en los últimos días una denuncia penal con pruebas irrefutables ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en contra de los accionistas propietarios del relleno sanitario ubicado en el cantón Melara, ubicado en el municipio de La Libertad.
La demanda se ampara en el manual de investigación de delitos ambientales, elaborado con la ayuda del programa USAID y es de estricto cumplimiento por la Fiscalía General de la República (FGR), según el artículo 4.1.1 para la CAFTA-DR.
Dicha demanda presentada ante el ministerio público es en contra de las personas y deliticos siguientes: Nico Salume, representante legal de las empresas Gidsa de C.V. y Pulsen de C.V. por los supuestos delitos de contaminación ambiental agravada (estipulado en el articulo 256 Pn).
Además, en la demanda se ha incorporado el delito de desobediencia a particulares en contra de resolución del Juzgado Ambiental (Art. 338).
A los demandados también se suma el señor René Fernando Colón Villalta, por su puesta contaminación (Art. 255 Pn), Luis Elías Botto Zuniga, en su calidad de abogado y notario por los supuestos delitos falsedad documental agravada (Art. 285 Pn), falsedad ideológica (Art. 248 Pn) y fraude procesal (Art. 306).
Según Sergio Toruño “se solicitará a la Corte de Cuentas se haga una auditoria especial pues no se explica el por qué la alcaldía de San Salvador contrató ilegalmente a la empresa de capital privada Gidsa de C.V. propiedad del señor Salume, pagando supuestamente un fuerte diferencial dinerario, y luego el señor Salume contrata a su vez a su empresa, de economía mixta con alcaldía de La Libertad a un precio menor”, explica.
“De comprobarse esta supuesta actuación estarían ante el conocimiento de administración fraudulenta, en complicidad con la alcaldía de San Salvador”, agregó el abogado.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
