Judicial
Presentan demande de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico
El despacho de abogados independiente PRAETORIUM presentó una pieza de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de La Ley de Comercio Electrónico, basándose en los artículos 1, 2, 3, 22, 23, 101 y 115 de la Constitución de la República.
Según el abogado y especialista en Derecho Tecnológico, Derecho de Consumo y Derecho Económico y director de PRAETORIUM, Julio Cesar Osegueda Navas, la Ley de comercio electrónico solo protege a grandes empresas, y deja en desventaja a las pequeñas, razón por la que presentan la pieza de inconstitucionalidad.
El pasado 10 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial la Ley de Comercio Electrónico; una normativa robusta en cuanto al abordaje técnico de la regulación en el ámbito digital, considerado como de gran importancia para la seguridad jurídica.
Aunque dicha ley nació con un defecto, en el artículo N° 5 que excluye de su aplicación a las personas consumidoras y con ellas a las micro y pequeñas empresas que por ministerio de ley (art. 34 de la Ley de fomento de las micro y pequeña empresa) también son consideradas consumidoras.
Con ese artículo los consumidores y las MYPES se quedan sin la posibilidad de ser protegidos contra una seria de prácticas empresariales indeseadas para el buen funcionamiento del mercado como:
- Comunicaciones publicitarias no solicitadas o el apartamiento del cumplimiento de ofertas en páginas web por supuestos errores de comunicación
- Quedan también al margen los criterios necesarios para considerar como legalmente válidos los actos y contratos en el mundo digital y muchos otros elementos que conforman la riqueza de esta novedosa normativa.
Indefensión que no sólo la podremos apreciar en la aplicación de la Ley en sede administrativa como en el caso de la Defensoría del Consumidor, sino también en lo civil, mercantil y judicial, dado el carácter general de la Ley de Comercio Electrónico.
Por esta exclusión que va en contra hasta de los considerandos de la misma Ley de Comercio Electrónico, se ha planteado esta inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la afectación a los artículos 1, 2, 3, 22, 23, 101 y 115 de la Constitución; ya que se configura como un trato desigual sistemático e institucionalizado en detrimento de los derechos e intereses de las personas consumidoras y de las MYPES, su seguridad jurídica y su libertad para contratar, en inclusive una grave afectación al “orden económico” que considera a los consumidores y a las MYPES como un patrimonio nacional y como sujetos de especial y prioritaria atención del Estado.
Marco Jurídico
En 2010 el Código Procesal Civil y Mercantil reconoció el valor probatorio de ciertos signos mecánicos y electrónicos, pero en 2013 se modificó la Ley de Protección al Consumidor para incorporar el derecho de retracto que puede ser utilizado en transacciones entre no presentes. Mientras, que en 2018 se incluye en la Ley de Protección al Consumidor, un concepto claro sobre Comercio Electrónico y algunas obligaciones para los comerciantes en ese ámbito.
Según datos de la Defensoría del Consumidor en lo que va de 2020 se han atendido 1,399 casos relacionados al comercio electrónico, un aumento del 9,993% en comparación con los 14 casos registrados en 2011; una realidad quizá empujada por los tiempos de pandemia en los que hemos vivido.
Las herramientas digitales llevan más de 20 años, pero hasta hace poco se inició con la regulación. La Defensoría del Consumidor ha anunciado que nunca se ha sancionado un caso relacionado a comercio electrónico porque la ley recientemente fue reformada para incluirlo, esto evidencia que la institucionalidad necesita de herramientas legales que le permitan una intervención adecuada para la protección de los intereses, derechos y necesidades de las personas consumidoras.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
