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Por matar a un gato a garrotazos ahora pagará $1,460 en San Miguel
José Balmore Vásquez fue multado por la alcaldía de San Miguel por matar a un gato que se metía a su vivienda ubicada en la colonia La Pradera, de la ciudad migueleña.
Las autoridades de la alcaldía, elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la casa del hombre y le informaron que deberá pagar $1,460, equivalentes a cuatro salarios mínimos del sector comercio, que tendrá que cancelar en un período de tres días, como establece la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal.
El hecho quedó registrado en un video publicado el 9 de mayo en Twitter, en el que se ve al hombre golpeando con un objeto al gato que estaba tirado en el suelo afuera de una vivienda. Luego se observa que lo introduce a una bolsa negra.
El video se viralizó en las redes sociales, por lo que las autoridades ubicaron al hombre y lo fueron a buscar a su vivienda para informarle de la multa que debe pagar.
El pasado miércoles, la alcaldía migueleña le llevó a su casa la notificación en la que se le informa que tiene hasta el 16 de mayo para pagar la multa.
«No permitiremos más maltratos y abusos contra los animalitos. Como municipalidad, seguiremos trabajando para hacer cumplir la ley de bienestar animal», dijo el alcalde migueleño, Wilfredo Salgado.
Añadió que la acción de Vásquez está tipificada como una infracción muy grave en el inciso b del artículo 28, que regula el maltrato o sufrimiento innecesario de animales de compañía que les cause invalidez o muerte.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
