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Policía salvadoreña entrega a Margareth Chacón Zúñiga, implicada en asesinato de fiscal paraguayo, Marcelo Pecci
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que se ha culminado el proceso de expulsión de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien es requerida por la justicia colombiana por su participación en el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci.
El titular de Seguridad reiteró que «El Salvador no será refugio de criminales internacionales», y agregó que «el presidente Nayiba Bukele ha sido claro, como Estado, vamos a colaborar con los países aliados en la lucha contra el crimen organizado, en la misma línea que nos han apoyado para traer a terroristas que tienen cuentas pendientes con la justicia salvadoreña».
Reiteramos: El Salvador no será refugio de criminales internacionales.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) January 21, 2023
Hemos culminado el proceso de expulsión de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien es requerida por la justicia colombiana por su participación en el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. pic.twitter.com/MiNvrVsovC
De igual forma, Gustavo Villatoro aseguró que, con el traslado de Margareth Chacón, se cumplen con los «acuerdos de colaboración entre nuestros países y damos un nuevo aporte a la comunidad internacional en el ejercicio de la justicia sobre un crimen atroz que impactó a Latinoamérica en mayo del año pasado».
Cabe mencionar que Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, conocida como Margie, de 42 años, fue detenida en la colonia Cima, de San Salvador, junto con el salvadoreño Wílber Giovanni Rodríguez Huezo. Horas después, la Dirección de Investigación Judicial (Dijin) de Colombia confirmó que uno de dos hombres capturados el domingo en Bogotá es la pareja sentimental de Chacón Zúñiga y que ambos habrían recibido el dinero para contratar a los asesinos del fiscal Pecci.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
