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PNC captura a un pandillero por crímenes cometidos en Jiquilisco
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Alexánder Oswaldo Trejo Amaya, apodado Susto, el cual —según la base de datos policial— es un pandillero de la 18. De momento es acusado de agrupaciones ilícitas.
La institución informó que este criminal estuvo preso varios años en Estados Unidos, pero fue expulsado de esa nación. Las investigaciones policiales revelan que Trejo Amaya por años estuvo cometiendo crímenes en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, pero que en el marco del régimen de excepción fue ubicado e interceptado.
Fuentes policiales indicaron que los delitos cometidos por este marero no quedarán impunes, pues gracias a las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 del Código Penal, los mareros podrán ser condenados a penas de 20 a 30 años de cárcel.
Mientras que para los cabecillas, financistas y creadores de estas estructuras de crimen organizado las sentencias van desde 40 hasta 45 años de prisión.
Según registros policiales, de diciembre de 2022 a mayo de 2023, las detenciones de mareros efectuadas en otros países suman 35; la mayoría huyó de la operatividad de las fuerzas del orden en colonias y comunidades. Los arrestos se ejecutaron en países como Guatemala, Honduras, Belice, México y Estados Unidos.
La reducción en la cifra de asesinatos diarios coincide con la captura de más de 68,579 pandilleros, de los cuales más de 1,200 son cabecillas de estas estructuras. En ese sentido, los datos oficiales indican que el total de los días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele es de 374, de los cuales 104 corresponden al período del 1.º de enero al 26 de mayo. Solo este mes se cumplieron 17 jornadas sin asesinatos.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
