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Nayib Bukele anuncia plan de 7 ejes para reapertura económica, tras sentencia de la Sala
En cadena nacional, el presidente de la República Nayib Bukele, anunció un plan de 7 ejes para evitar que los casos de Covid- 19 se incrementen a partir del 24 de agosto, cuando inicié “la reapertura desordenada de la economía” como lo calificó el mandatario.
El plan incluye el incremento en la toma de muestras gratuitas a nivel nacional, para identificar personas contagiadas y con ello poder atenderlas en los 15 días previos a la reapertura.
Además se creará un sitio en internet, para que la población conozca los lugares del país con más casos confirmados para evitar la circulación y se distribuirán kits con medicamentos a las personas que se reporten con síntomas leves a través de la línea gratuita 132.
Otro de los ejes del plan es que se sugiere a los salvadoreños la creación voluntaria de “clúster personales” que estarían conformados por grupos de 10 personas que pueden frecuentarse, siempre y cuando sus integrantes respeten la pertenencia a otro grupo.
Así mismo el presidente Bukele confirmó que se continuará con la entrega de los paquetes alimentarios a nivel nacional, para “evitar que la población tenga que salir de sus casas con más frecuencias para ir al mercado o al supermercado y representa una ayuda económica para la familia, ya que ese dinero no lo ocupará en comida, sino para pagar la luz o el agua”. Apuntó el mandatario.
Otro de los componentes del plan es la entrega de carnés de inmunidad a las personas que han logrado vencer el Covid-19, y no representan un nexo de contagio. El documento les habilita de participaren diferentes actividades económicas y sociales ante su inmunización.
Ante esto el Gobierno contrataría al 100 % de las personas que reciban estos carnés, para acompañar la logística y entrega de los kits de medicamentos y paquetes alimentarios.
Sobre esto, el presidente Bukele agregó: “Tendrán un empleo al que les pagaremos $500, y vamos ha generar un par de miles de empleos mientras dure la pandemia y con eso se ayuda al país y su familia”.
El gobierno salvadoreño considera que con estos 7 puntos se puede lograr una apertura más inteligente y ordenada para el 24 de agosto.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
