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Ministro Rolando Castro responde enérgicamente al ataque del presidente de la APES
De forma enérgica y valiente, el ministro de trabajo Rolando Castro, respondió a una ola de ataques perpetrada por el presidente de la Asociación Periodistas Salvadoreños APES.
“El señor Fagoaga, ex empleado del Diario 1 de Fito Salume y de la Prensa Gráfica, reaccionó indignado luego que el ministro dio detalles de las patrañas que dicho medio de comunicación, venía cometiendo en contra de nosotros los empleados. En lugar de defender a los periodistas que dice representar defiende a sus patronos”, comentó uno de los periodistas qué interpuso una denuncia en el ministerio de trabajo.
Y es que el señor Fagoaga, que en las últimas horas está siendo cuestionado por periodistas de varios medios, especialmente digitales, así cómo gremiales de sindicalistas, ha impulsado una campaña mediática en contra del ministro Castro, al grado de faltarle el respeto y calificarlo de “mentiroso y corrupto”, una acción qué pasa de ser una crítica a una calumnia o difamación, dicen líderes sindicales que respaldan el trabajo de Rolando Castro.
“Pero hagamos una cosa: pida permiso y concedamos una entrevista. Y hablamos sobre el caso y, de paso, su inclusión como agente Corrupto. La bola está de su lado, ministro. Intente ser digno”, le escribió Fagoaga.
Periodistas entrevistados por este medio, que por razones obvias pidieron no revelar su identidad, dijeron que el emplazamiento de Fagoaga no tiene ningún sentido ya que si en el gobierno hay un funcionario totalmente abierto la prensa es el ministro de trabajo.
“El ministro Castro, jamás nos ha negado declaraciones, entiendo que es el único ministro que no le niega una entrevista a nadie”, dijo Gabriel Ramos, redactor de un periódico digital.
MINISTRO REAFIRMA SU TRABAJO A FAVOR DE LOS PERIODISTAS.
“Defenderé como Ministro de Trabajo el derecho de los periodistas como el resto de trabajadores aunque se enoje el Presidente de la APES, Cesar Fagoaga, ha quedado evidenciado que el gremio de periodistas están vulnerables y por eso algunos medios de comunicación violentan sus derechos porque su actual gremial APES está secuestrada por un personaje que responde a los patronos y no al gremio como tal. Cesar Fagoaga, ha quedado al descubierto que prefirió defender a la Prensa Gráfica y no a sus compañeros. Es cínico e inmoral”, publicó el funcionario este sábado.
Este sábado han circulado fuertes rumores que un grupo de periodistas qué no responden a la línea de la directiva de la APES, pedirán la próxima semana la destitución de todos los directivos, ya que según ellos no responden a los intereses del gremio si no obedecen actrices políticas y empresariales.
“Vamos a recuperar la APES”, dijo un veterano periodista que como muchos no se siente representados por Fagoaga y compañía.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
