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Nacionales

Denuncian ilegalidades en proceso de contratación de alcaldía de San Marcos que favoreció a empresa de Salume

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El apoderado legal de la empresa BIOCAM TECNOLOGÍA, S.A hizo público este día la presentación de una denuncia ante el Concejo Municipal de San Marcos, departamento de San Salvador, para que se investiguen ciertas anomalías detectadas en las decisiones y procedimientos que fueron realizados por la Comisión Evaluadora de Ofetas en el marco de la licitación del servicio de disposición final de la basura que se genera en el municipio. Tales ilegalidades habrían servido para favorecer a la empresa de Salume que es la administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad.

De acuerdo a la denuncia contenida en el recurso de revisión interpuesto por BIOCAM, el Concejo Municipal nombró una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por cinco personas, cuatro que son parte como funcionarios y empleados de la alcaldía de San Marcos y el quinto, el Ing. José Buenaventura Pérez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); de lo cual existen dos actas de evaluación de fecha 21 de diciembre de 2021 en que no consta que el Ing. Buenaventura haya comparecido, sin embargo al cierre del documento al ser un requisito legal consignado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que todos los miembros de la comisión suscriban y firmen el acta, se coloca una relación que pretende hacer parecer que el delegado de OPAMSS estuvo presente pero no quiso firmar porque los temas tratados eran de orden legal y él es una persona que ve aspectos técnicos, lo que significa haber insertado información falsa a un documento de la administración municipal.

Estos documentos fueron clave para que el Concejo Municipal, siguiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora declarse desierta la licitación sin tomar en cuenta la oferta presentada por BIOCAM, a pesar que cumplía todos los requisitos legales y técnicos; asimismo, ofrecía mejores condiciones de contratación en cuanto a precio. Según el apoderado legal de la empresa reclamante, lo que ocurrió es que con ese documento que puede adolecer de falsedad ideológica, la Comisión sorprende al Concejo Municipal le hace creer que BIOCAM no cumple y pone como opción prorrogar una declaratoria de urgencia para mantener contrato con la empresa de Salume y seguir depositando en el basurero que se ubica en la zona del puerto de La Libertad. Las declaratorias de urgencia requieren una decisión razonada y justificada que no se hizo constar en el acuerdo, apuntada el apoderado legal.

De acuerdo al abogado de BIOCAM, la denuncia es por la presunta comisión de dos delitos, por falsedad ideológica y actos arbitrarios, de manera que solicita que se pueda citar al Ing. José Buenaventura Pérez, para que aclare si estuvo presente en la reunión o no; pues si no estuvo presente los demás miembros de la Comisión cometieron el delito de falsedad, pero si estuvo y no firmó este último habría incurrido en actos arbitrarios, ya que la LACAP es clara que todos los miembros deben firmar el acta y si alguien no está de acuerdo debe razonar su posición pero nunca dejará sin firma el documento porque de lo contrario carece de validez.

José Buenaventura Pérez, llegó a OPAMSS durante las administraciones municipales del FMLN y por más de veinte años se ha mantenido como empleado de la Unidad de Residuos Sólidos en esa institución, existiendo serios cuestionamientos sobre sus actuaciones y desempeño.

Judicial

Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza

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El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.

“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.

Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.

La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.

El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.

Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.

El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.

Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.

Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.

El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.

La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.

Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.

Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.

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Salvadoreños podrán identificar y velar a fallecidos por Covid-19

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El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el manejo y disposición de los cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y uno de los cambios es que hoy los familiares ya los pueden identificar, velar, inhumar o cremar, pero siempre guardando medidas de bioseguridad.

Las indicaciones, que aún no han tenido amplia difusión, están contenidas en un documento de 17 páginas titulado “Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19”, cuarta edición y entraron en vigencia el 13 de enero de 2022, fecha en que fue suscrito por el ministro de Salud Francisco Alabí.

En el escrito surge meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos médicos especialistas y psicólogos salvadoreños, señalaron la viabilidad de que por salud mental los dolientes tuvieran la oportunidad de cumplir los ritos funerarios que estaban restringidos en los lineamientos anteriores.

Según lo expresado en los lineamientos “Posterior al manejo adecuado del cadáver, este ya no representa riesgo para la transmisión de la enfermedad, por lo que, para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas, están permitidas las siguientes actividades: 1. Ritos funerarios 2. Velaciones 3. inhumación o cremación. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad estándar en concordancia a la situación epidemiológica local”.

El doctor Jorge Panameño, médico infectologo privado, ya había señalado el año pasado que los cuerpos de los fallecidos por covid ya no representaban riesgo para los dolientes porque como la víctima ya no respira ni habla, entonces no hay forma de que se dé una transmisión por vía aérea, tampoco oral; además si el cuerpo está debidamente sellado no hay forma de contaminación por fluidos, aunque se le puede dejar visible el rostro.

Las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud son que el féretro deberá estar sellado, además la cantidad de personas que asistan será acorde al espacio donde se llevará a cabo la actividad, garantizando el distanciamiento y en todo caso se priorizará el núcleo familiar y allegados.

“Si la actividad se realizará en una funeraria, el administrador o dueño de la misma, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos, puntos de desinfección con alcohol gel o solución alcohólica mayor o igual al 70 %”, precisa el documento.

En cuanto a la inhumación o cremación del cadáver, esta se tiene que llevar a cabo a más tardar 16 a 24 horas posterior al fallecimiento, según lo establecido en el artículo 123 del Código de Salud.

Los lineamientos establecen también que el administrador del cementerio deberá garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad arriba mencionadas.

El médico salubrista Ricardo Lara señaló que los cambios en los lineamientos desde el punto de salud mental son necesarios para que los dolientes puedan tener un momento para despedir a su ser querido, cerrar el ciclo del duelo, como él ya lo había señalado antes.

Sin embargo, Lara también externó preocupación ante el hecho de que las velaciones y entierros se puedan volver en un factor de contagio en momentos que ya hay un alza desbordada de casos debido a la circulación de la variante ómicron, que es más contagiosa.

La inquietud del galeno radica en que, en la zona rural, a diferencia de los ritos que se celebran a nivel urbano, tienden a generar más aglomeraciones, hay más riesgo en el compartir, por ejemplo, si les dan café se quitan la mascarilla para tomárselo y hasta comparten el tamal.

“Realmente mi sugerencia es que cada familia tome la decisión de hacer la velación si lo desea, pero bajo su propio riesgo, sabiendo que el nivel de contagio va a estar ahí. No se puede garantizar las medidas de bioseguridad”, indica.

El salubrista también recomienda que si optan por velar a la persona esta ceremonia no debería de llevar más de cuatro horas, además, lo ideal sería que ahí solo esté el núcleo familiar y extremar que se guarden las medidas de bioseguridad.

En San Miguel, el nuevo lineamiento ya es del conocimiento de personal que trabaja en cementerios; sin embargo, el personal advirtió, este jueves, que “en este momento las funerarias y los hospitales no tiene conocimiento sobre el nuevo documento, apegándose a eso (que el personal de sanidad no conoce la nueva disposición) no se puede permitir ejecutar protocolo. El Seguro Social no los libera (entrega el cadáver) si no es con protocolo covid, en este caso será la Región de Salud la que tendrá que resolver”, expuso.

El propietario de una funeraria de San Miguel comentó que al momento el Ministerio de Salud no les ha informado sobre el nuevo protocolo. “No ha llegado ninguna notificación porque cada vez que hacen un protocolo nos citan a una reunión al Minsal a todas las funerarias, pero al momento no han dicho nada”.

En Ahuachapán, fuentes que trabajan en el área relacionada a morgue en hospital y de funerarias privadas informaron que desconocen sobre las nuevas disposiciones, pero las califican de positivas porque ayudan a enfrentar el luto a las familias dolientes.

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Nacionales

Gobierno desarrolla programas de bienestar social para prevenir la violencia en sectores que sufrieron estigmatización por décadas

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La prevención de la violencia es abordada desde diferentes programas de bienestar social con un enfoque determinante dirigido a los jóvenes, como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

Además de la creación de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) para fortalecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes que habitan en sectores vulnerables con un alto grado de estigmatización mantenida por décadas durante los gobiernos anteriores, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social trabaja en diferentes proyectos de prevención de la violencia para beneficio de las comunidades.

Entre esos trabajos está el de la creación de huertos familiares en diferentes colonias, y crianza de tilapia en estanques de agua lluvia. Uno de esos proyectos desarrollados con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la colonia IVU, situada al sur de la ciudad de San Salvador.

Se trata de un proyecto de reinserción, el cual consiste en el asesoramiento para la captación de aguas lluvias de los edificios de apartamentos, y mantenimiento en estanques para la crianza de peces.

En esa misma colonia se están creando huertos de hortalizas y frutas que permita a los niños y jóvenes involucrarse en el proceso de producción de los alimentos para su familia y comunidad.

Esos proyectos además de prevenir la violencia promueven una buena relación entre los miembros de las comunidades, lo cual permitirá un desarrollo integral de los jóvenes y los aleje de los grupos de pandillas.

Las acciones de prevención de la violencia diseñadas por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad, son implementadas de forma articulada con los esfuerzos de los diferentes ministerios como Cultura, Salud, Desarrollo Local, Educación, Obras Públicas, Turismo, Deporte, Trabajo, entre otros, para tener los resultados esperados en beneficio de la población salvadoreña.

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