Nacionales
Denuncian ilegalidades en proceso de contratación de alcaldía de San Marcos que favoreció a empresa de Salume
El apoderado legal de la empresa BIOCAM TECNOLOGÍA, S.A hizo público este día la presentación de una denuncia ante el Concejo Municipal de San Marcos, departamento de San Salvador, para que se investiguen ciertas anomalías detectadas en las decisiones y procedimientos que fueron realizados por la Comisión Evaluadora de Ofetas en el marco de la licitación del servicio de disposición final de la basura que se genera en el municipio. Tales ilegalidades habrían servido para favorecer a la empresa de Salume que es la administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la denuncia contenida en el recurso de revisión interpuesto por BIOCAM, el Concejo Municipal nombró una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por cinco personas, cuatro que son parte como funcionarios y empleados de la alcaldía de San Marcos y el quinto, el Ing. José Buenaventura Pérez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); de lo cual existen dos actas de evaluación de fecha 21 de diciembre de 2021 en que no consta que el Ing. Buenaventura haya comparecido, sin embargo al cierre del documento al ser un requisito legal consignado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que todos los miembros de la comisión suscriban y firmen el acta, se coloca una relación que pretende hacer parecer que el delegado de OPAMSS estuvo presente pero no quiso firmar porque los temas tratados eran de orden legal y él es una persona que ve aspectos técnicos, lo que significa haber insertado información falsa a un documento de la administración municipal.
Estos documentos fueron clave para que el Concejo Municipal, siguiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora declarse desierta la licitación sin tomar en cuenta la oferta presentada por BIOCAM, a pesar que cumplía todos los requisitos legales y técnicos; asimismo, ofrecía mejores condiciones de contratación en cuanto a precio. Según el apoderado legal de la empresa reclamante, lo que ocurrió es que con ese documento que puede adolecer de falsedad ideológica, la Comisión sorprende al Concejo Municipal le hace creer que BIOCAM no cumple y pone como opción prorrogar una declaratoria de urgencia para mantener contrato con la empresa de Salume y seguir depositando en el basurero que se ubica en la zona del puerto de La Libertad. Las declaratorias de urgencia requieren una decisión razonada y justificada que no se hizo constar en el acuerdo, apuntada el apoderado legal.
De acuerdo al abogado de BIOCAM, la denuncia es por la presunta comisión de dos delitos, por falsedad ideológica y actos arbitrarios, de manera que solicita que se pueda citar al Ing. José Buenaventura Pérez, para que aclare si estuvo presente en la reunión o no; pues si no estuvo presente los demás miembros de la Comisión cometieron el delito de falsedad, pero si estuvo y no firmó este último habría incurrido en actos arbitrarios, ya que la LACAP es clara que todos los miembros deben firmar el acta y si alguien no está de acuerdo debe razonar su posición pero nunca dejará sin firma el documento porque de lo contrario carece de validez.
José Buenaventura Pérez, llegó a OPAMSS durante las administraciones municipales del FMLN y por más de veinte años se ha mantenido como empleado de la Unidad de Residuos Sólidos en esa institución, existiendo serios cuestionamientos sobre sus actuaciones y desempeño.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Nacionales
Conductor sin licencia atropella a mujer de 81 años al no permitirle bajar del microbús en Mejicanos
Una mujer de 81 años resultó lesionada la mañana de este jueves tras ser atropellada por un microbús de la ruta 44 en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el motorista del microbús no esperó a que la víctima descendiera completamente de la unidad, lo que provocó que cayera y sufriera lesiones en las piernas. Fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Carlos Elías Baires Flores, de 40 años, quien, según las autoridades, no posee licencia de conducir ni carnet de motorista. Por este motivo, será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas del transporte público a cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los permisos requeridos para operar unidades.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
